Un instituto cercano al Partido Socialista se ha puesto a pensar sobre el problema de la escasez relativa de la energía originado por nuestro regulado sistema eléctrico y ha propuesto establecer un precio por unidad energética consumida más elevado por encima del aquel nivel de utilización que sea considerado un “consumo razonable”. Montilla, nuestro ministro de Industria, se ha apresurado a anunciar que el Ejecutivo trabajará “de manera inmediata” en la posibilidad de aplicar a los “consumos indiscriminados” de energía un precio mayor para así evitar el derroche.
Una de dos, o los intervencionistas se hacen los tontos para poder intervenir más o lo son en grado supino; al menos en lo que se refiere al funcionamiento del mercado. Si les otorgamos el beneficio de la duda en cuanto a su honestidad debemos suponer que son tontos de remate. Ni siquiera entienden que el mercado, a través de los intercambios voluntarios entre consumidores, productores finales y productores intermedios ya se encarga de penalizar, de la única forma al mismo tiempo justa y efectiva, a quienes despilfarran un bien económico –y por lo tanto escaso- como la energía. El despilfarro rara vez puede medirse objetivamente. Depende no sólo del gasto físico de un recurso sino también del valor que los individuos otorgan al fin y la medida en que el recurso contribuye a la consecución dicho fin. Y estos dos últimos factores no son observables de manera objetiva.
Si un productor gasta energía incontroladamente –el gran peligro que hay que evitar según Montilla- el consumidor le castigará por utilizar demasiados recursos escasos en fines cuyo valor no lo justifica. El mercado no castiga por consumir mucho sino por despilfarrar. De hecho, en una sociedad en la que la electricidad se produzca e intercambie sin intervención de la coacción estatal lo más probable es que quien más energía consuma tenga precios inferiores por unidad energética por el simple hecho de ser un buen cliente. No es misión de la empresa productora juzgar el uso de esa energía. Su misión es producir eficientemente y ponerla a disposición de quienes la demandan con énfasis. El dictamen sobre si ese mayor uso está justificado, o no, lo emite el consumidor final comprando o dejando de comprar. La infeliz idea que Montilla se apresura a implantar consiste en lo contrario de lo que cabe esperar en un mundo de relaciones contractuales: castigar con precios más elevados a quienes compren más energía e impedir que el consumidor final juzgue si el uso de la energía es adecuada.
Si, por el contrario, fuese un consumidor quien malgastara la energía, podría deberse a que éste valore en mayor medida que otras personas el consumo eléctrico o porque cambiar sus hábitos de consumo tenga un coste muy elevado. En cualquiera de los dos casos tampoco parece muy lógico que se castigue al consumidor que usa más energía de una forma distinta a pagar por ese mayor número de unidades energéticas consumidas.
Porque ¿cómo sabrá el ministerio –tanto si el supuesto despilfarrador es productor como si es consumidor- quién consume más de lo razonable? No puede saberlo porque, como hemos explicado, la naturaleza del despilfarro es subjetiva. La manera de conseguir los datos que lograsen objetivizar el castigo del mayor uso de energía se convertirá en el misterio del ministerio. Un enigma del que sólo sabemos que será coactivo, injusto, ineficaz y gravemente distorsionador. Y es que además de los desatinos ya explicados en relación a la propuesta, su aplicación requiere que el estado se inmiscuya, espíe o fiscalice las distintas actividades mercantiles y/o particulares. A esto es lo que los que suscriben la medida aluden cuando reconocen que se requeriría “un estudio en profundidad del mercado”. Estudio que presumiblemente realizarán ellos mismos. Requiere que el estado se meta en la vida y las actividades privadas de la gente. Requiere, en suma, que un gran hermano informe no sólo cuánta energía se utiliza sino en qué. Por eso reclaman la instalación de “contadores avanzados”.
