Tengo un gran respeto por los políticos. Considero que desempeñan una labor imprescindible, mal pagada, con horarios interminables, un futuro no incierto sino directamente decepcionante, sin derecho a la intimidad, sin protección judicial a su honor, obligados a mantener permanentemente una cara amable y a no cometer errores. A un político se le toleran uno o dos fallos, pero no muchos más. Y, además, tienen que ganar las elecciones. Y la mayoría son honrados y defienden sus posiciones por convicción.
Dicho lo cual se me cae la cara de vergüenza cuando veo a políticos como Tony Blair y el canciller alemán Schroeder –al que respeto menos–, declarar públicamente que los presupuestos de la Unión Europea para los años 2007-2014 son trascendentales. Que de ellos depende la fortaleza y el desarrollo económico de los países miembros. Y ellos saben que es mentira.
Es mentira porque sea cual sea el resultado de la próxima cumbre, unos presupuestos que se elaboran sobre ingresos y gastos del 1% o del 1,24% del PIB de los países miembros, cuando todos ellos tienen presupuestos nacionales que se mueven entre el 38% y el 60% del PIB nacional, deja bien a las claras que son irrelevantes.
Pero, sorprendentemente, la intoxicación de los profesionales del europeismo y la incultura económica, incapaz de calcular la importancia, o no, de unas determinadas cifras, han triunfado. Hasta tal punto que los alemanes votarían hoy que no a la Constitución europea probablemente por ser los mayores contribuyentes al presupuesto de la Unión, por más que su aportación neta signifique sólo el 0,5% de su PIB. En España, durante los años de gobierno del PP, una parte significativa de los economistas del PSOE escribían que nuestro crecimiento del 3% anual del PIB era debido a que la Unión Europea nos transfería cada año el 1%, e incluso algunos no se paraban en barras y utilizaban las cifras de transferencia brutas y decían que era el 2% del PIB, lo que explicaba casi todo nuestro crecimiento. Al margen de la eterna confusión de confundir transferencias con crecimiento. El ejemplo más cercano es Portugal, que recibe el 3% de su PIB en transferencias de la Unión Europea, pero que no crece.
La Unión Europea es importante por las leyes comunitarias, que nos afectan a todos los miembros. Por la unificación de la política arancelaria, por la obligación de competir lealmente, que limita la interferencia pública a través de subsidios y subvenciones. Es importante, incluso más, por la legislación intervencionista, que regula lo que no debe, pero que condiciona la actividad económica y política de sus miembros. Lo que no es importante es su presupuesto. Todos los miembros, España entre ellos, luchan por pagar lo menos posible y recibir el máximo; pero para los países grandes, y España ya lo es, el resultado en términos de influencia económica de esos presupuestos es poco significativo. Por poner un ejemplo; a mí, como español y para España, me resulta más importante, la decisión del gobierno español de autorizar un aumento del gasto público para el año que viene del 7,6% del PIB, en lugar del 6,6%, que es quizá lo que debería haber hecho. Ese límite de aumento del gasto público, aplicado por todas las administraciones públicas, significa que el gasto público total va a crecer en 68.400 millones de euros en 2006, en lugar de los 59.400 millones de euros que hubieran sido si el crecimiento fuera del 6,6% del PIB. En total, estamos hablando de 9.000 millones de euros de más. Y lo que discutimos con la Unión Europea es del orden de 6.000 millones de euros anuales.
Es obligación de los gobernantes defender los intereses del país que les ha elegido y lo decepcionante es que los nuestros dan por perdidos los 6.000 millones de euros anuales. No están dispuestos a pelearse por ellos y ya no tienen argumentos, porque han ido cediendo las bazas negociadoras a cambio de nada: han cedido nuestra disminución de peso en el texto de la derrotada Constitución Europea, han cedido en la modificación del Plan de estabilidad presupuestaria y han cedido sobre lo que disponían los acuerdos de Lisboa. A cambio de nada. Y 6.000 millones de euros anuales justificarían la dimisión del gobierno en pleno. Aunque con el exceso de gasto público de 9.000 millones de euros anuales se podría compensar, sobradamente, a todas las autonomías que ahora pierden fondos presupuestarios por el efecto estadístico y financiar los imprescindibles incrementos de obras en infraestructuras que se hacen necesarios por el aumento de la población.
