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Jorge Vilches

En manos de terroristas

Se trata de no dejar la democracia en manos de terroristas.

La mal entendida “paz perpétua” que ansía el presidente Zapatero ha puesto a la sociedad española en un riesgo evidente. Y no me refiero únicamente a que dio la razón al terrorismo retirando antes de tiempo nuestras tropas desplegadas en Irak, que, por cierto, poco le importa al mundo islámico que coincidiera con el programa electoral del PSOE. Hablo de una combinación inquietante: la mano tendida a ETA y los efectos electorales del 11-M.
 
El PP de Aznar apoyó el ataque a Sadam Husein, lo que aumentó la movilización contra el gobierno popular, separándose de él un grupo significativo de sus tradicionales votantes. Los terroristas islámicos del 11-M deseaban que su matanza tuviera un resultado electoral: la caída de Aznar. El efecto de los atentados sobre la opinión pública benefició al PSOE, que ganó, contra pronóstico, las elecciones. El mecanismo para subvertir una democracia quedó evidenciado.
 
Un año después, los socialistas de Zapatero están empeñados en tender la mano a ETA; y hasta han hecho que el Congreso vote una resolución a favor de la negociación si la banda deja la violencia. La declaración ha conseguido resucitar a ETA, ponerla a la altura de un gobierno democrático, darle protagonismo en el futuro del País Vasco y, en consecuencia, en el de España. Hablar con ETA, Batasuna o el PCTV supone reconocer la justificación del terrorismo: la utilidad del recurso a la violencia cuando por la vía democrática no se consiguen los objetivos políticos.
 
La estrategia del PSE para llegar al poder en el País Vasco, además, ha fracasado. Con la negativa a ver que el PCTV era la nueva sucursal batasuna, los socialistas pretendían dividir el voto nacionalista, debilitar al PNV y llegar a un acuerdo de gobierno de coalición. No ha sido así, y la opinión pública se ha echado encima de Zapatero y de su fiscal Conde Pumpido.
 
La reacción de una parte de la sociedad a los deseos de “paz perpétua” de Zapatero con los etarras ha sido negativa, especialmente la de las víctimas del terrorismo. El conflicto y el debate han mostrado, por primera vez, una sociedad española dividida en la lucha contra el terror. En su empeño, el gobierno socialista se ha vinculado claramente ante la opinión pública con la pretensión del fin dialogado de ETA.
 
Mientras, los etarras expulsan de la banda, sea una pantomima o no, a los que apuestan por el final de la violencia. Y siguen explosionando bombas, ya sea en el estadio de La Peineta, para influir en el COI, o en la central térmica de Amorebieta, como advertencia de hasta dónde pueden llegar. La kale borroka, que estaba prácticamente desaparecida, se ha intensificado. Esto perjudica la imagen del gobierno socialista, y refuerza el discurso del PP de ahogar a ETA hasta su extinción.
 
El éxito de la estrategia negociadora está condicionado a que el gobierno socialista ofrezca un acuerdo penal para los presos etarras, y a que haga ciertas concesiones independentistas. Aquí está el riesgo. De haber acuerdo, el coste político para el PSOE sería importante: quiebra interna y castigo electoral. Si no hay acuerdo, los socialistas volverían a la posición del Pacto Antiterrorista, y una ETA crecida y vengativa querría la caída de Zapatero. En esta situación, ¿utilizarán los etarras el mecanismo patentado por los terroristas islámicos el 11-M, en las vísperas de unas elecciones, para influir en los resultados y que pierda el PSOE de Zapatero? La disminución de riesgos de este tipo explica la unión de los partidos británicos ante el terrorismo, así como la petición de Blair de endurecimiento de las leyes que lo combaten. Se trata de no dejar la democracia en manos de terroristas.

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