Observatorio Económico FAES

El nuevo estatuto propuesto por el tripartito rompe la unidad de mercado en España, es intervencionista, autárquico y limita las libertades económicas y personales de los ciudadanos. Estas son sólo algunas de las conclusiones del Observatorio Económico FAES sobre el Estatuto catalán, que ha tenido lugar este viernes 28 en Madrid, con la presencia de José María Aznar y Mariano Rajoy. Los siete economistas que han sido convocados por el instituto de análisis expusieron las consecuencias del texto para la economía catalana y española, con un balance netamente desfavorable.

 

 

Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital, fue el primero de los expertos en tomar la palabra, para advertir de que si se adopta el Estatuto, "a Cataluña la gobernará, como hoy, una teocracia nacionalista, dispuesta a reglamentar toda su vida". El texto prevé una "regulación exhaustiva y despótica del conjunto de las actividades económicas que se desarrolla en su autonomía". No es el único que ha destacado este punto, ya que Juan Iranzo dice del texto que propone un "modelo muy totalitario, tanto en el plano económico como en la libertad personal".

 

Según destacó Juan Velarde, “el artículo 152 señala que 'la Generalidad puede establecer una planificación de la actividad económica (…)', incluyendo un conjunto de lindezas que hoy parecen reservadas para países como Cuba o Corea del Norte. En el mundo actual se huye de este tipo de modelos, que siempre acaban por generar un rechazo en un mundo empresarial globalizado.” Pero el Estatuto propuesto por el tripartito no lo considera tan desfasado.

 

Este intervencionismo y este afán por la planificación es paralela a la desatención por la propiedad. Francisco Cabrillo ha destacado que "el artículo 45 enumera  los principios rectores de la política económica: 'la solidaridad, la cohesión, el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades'. Para nada se habla del respeto a la propiedad, ni tampoco de la libertad de mercado.”

 

De este modo, lo que se propone según Cabrillo es "un intento de regular la vida privada de quienes viven en Cataluña hasta unos extremos realmente preocupantes”; o en palabras de Alberto Recarte, "un estatuto opresivo, donde los ciudadanos han desaparecido para transformarse en súbditos. Se acabaron sus derechos".

 

 

El Estatuto busca no sólo una ruptura de la Constitución y de las relaciones con el resto de España, sino también una ruptura del mercado interior. El párrafo 2 del artículo 110 dice: “El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la Generalidad, es el derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro”. El artículo 50, en su apartado 4 menciona "la obligatoriedad de traducir al catalán las etiquetas y las instrucciones de uso de cuantos productos se distribuyan en Cataluña", y en el apartado 5 se determina que los concesionarios de servicios públicos deben utilizar esta lengua no sólo en sus relaciones con el gobierno y sus clientes, sino también en sus “actuaciones internas”. Juan Velarde considera que “el aumento de los costes a que obligará el artículo 6 (imposición obligatoria del catalán) generará, con toda probabilidad, más de una deslocalización empresarial en Cataluña”.

 

 

No es el único ámbito de ruptura del mercado español. “El artículo 45 puede entrañar, de forma lisa y llana, la ruptura del mercado laboral español, al crearse un espacio catalán de relaciones laborales”, según declaró en el Observatorio Juan Iranzo. De este modo "un trabajador inmigrante en situación legal en España no podrá moverse libremente por todo el territorio nacional. Aparte de otras consideraciones relativas a derechos fundamentales, esta posibilidad implicaría una pérdida de eficiencia económica”.

 

Al respecto, Francisco Cabrillo añade que “un licenciado por una universidad situada en otra región española puede ver dificultado el ejercicio de su profesión en Cataluña y podría llegar a verse obligado a acudir a las normas europeas de reconocimiento de títulos para poder ejercerla”.

 

Por otro lado, como destaca el catedrático Francisco Cabrillo, "el artículo 25 puede dar pie a la introducción de modelos de cogestión en las empresas, desconocidos hasta la fecha en nuestro país”. Joaquín Trigo Portela considera que merece “especial mención la parte relativa a la renta garantizada de ciudadanía. Reducirá el incentivo a trabajar, se traducirá en más presión fiscal para los contribuyentes, tendrá un impacto inflacionista y actuará como un elemento adicional de llamada para la atracción de inmigrantes”.

 

Juan Velarde ha recordado al gran economista español Perpiñá Grau, que argumentaba en 1936 que uno de los problemas del desarrollo español ha sido su escasa extensión, lo que a su vez limitaba el desarrollo catalán, por lo que esta región debía comprometerse en extenderlo. Lo que propone el Estatuto es lo contrario. El resultado de todo ello es que "el Estatuto dividirá España en dos mercados con diferente capacidad de atracción de inversiones. Habrá uno, más o menos atractivo para la inversión, en casi todo el territorio nacional, y otro, residenciado en Cataluña, dominado por el intervencionismo ‑y todo hay que decirlo, la arbitrariedad, porque su enlace con la corrupción parece una ley  de la Naturaleza‑, que será rehuido por los buenos inversores".

 

 

El modelo del Estatuto no se agota en la planificación y ruptura del mercado español. Francisco Cabrillo apuntó en el Observatorio que “el nacionalismo es, casi siempre, intervencionista en la política económica interna y proteccionista en las relaciones comerciales internacionales”. A este respecto, Juan Iranzo destacó que el mundo camina hacia una mayor integración económica, con mercados globales, que están extendiendo la creación de riqueza allá donde van. Estos mercados, al hacerse más globales, son a su vez más eficientes y "están cambiando el ciclo económico", permitiendo crecimientos sostenidos sin inflación.

 

Nada de ello está en el texto del tripartito, "que se basa en la autarquía". Iranzo destaca que va en contra de esa realidad". Si a ello se le suma el aumento de los costes de transacción por el uso del idioma y las regulaciones, lo que se obtiene es "una pérdida de competitividad, que traerá menos inversiones y acelerará la deslocalización hacia otras zonas", que llevaría "a la destrucción de empleo".

 

 

El texto votado en el Parlamento catalán prevé la creación de una agencia tributaria propia y la gestión de los impuestos desde la Generalidad. Según un estudio coordinado por José Barea y presentado en el Observatorio, de haberse aplicado el Estatuto en el año 2003, último para el que hay datos completos, el Estatuto propuesto por el tripartito habría destinado 18.260 millones más de euros a la Generalidad, "lo que prácticamente habría doblado su presupuesto".

 

En concreto, “la propuesta del Estatuto supondría una pérdida de recaudación directa para el Estado del 2,3% del PIB de 2003”. Todo ello es una "reducción de la solidaridad supondría una pérdida media de recursos para las Comunidades Autónomas (excepto para Cataluña) de 544 euros por habitante”. Y apostilla, "esta es la 'solidaridad' prevista en el Estatuto: mayores ingresos para Cataluña, región rica, a costa de las regiones más pobres". De hecho, “si la propuesta de Estatuto se aprobara y se generalizara a todas las CC.AA., para 2003 la pérdida de recaudación para el Estado sería del 11por ciento del PIB. El modelo supone la quiebra de la Hacienda estatal y el fin de la solidaridad interregional.”

 

Un aspecto destacado por José Raga es el que se refiere al mercado financiero, y en concreto a las Cajas de ahorro. Raga señala que en el artículo 120 del Estatuto "se habla de las Cajas de Ahorro como si fueran patrimonio propio, sin hacer mención a la voluntad fundacional". De hecho, el texto afirma que corresponde a la Generalidad decidir sobre el destino de los fondos excedentes y destinados a fines sociales, lo que pone en manos del gobierno regional unos fondos considerables, que irán a unas manos u otras según la decisión arbitraria del Ejecutivo catalán.

 

Por todo ello, apuntó Alberto Recarte en su intervención, “resulta incomprensible la actitud de silencio de una parte del empresariado catalán y, peor aún, de apoyo por parte de otra parte del empresariado a un Estatuto tan intervencionista y tan perjudicial”.