Las palabras del general Mena en defensa de la Constitución, y por tanto de la democracia, han sido percibidas como una amenaza por diversas fuerzas políticas. Y no es de extrañar, pues se trata, precisamente, de esas fuerzas que atacan sin tregua la Constitución y la democracia en España, habiendo reducido ya ésta a muy poca cosa en las Vascongadas, y a poco más en Cataluña.
Las observaciones del general sobrarían totalmente en un contexto de normalidad. Pero no hay tal contexto. La Constitución, la ley básica que nos permite convivir en libertad a los españoles, está siendo sistemáticamente vulnerada e invalidada, mediante hechos consumados, por una alianza práctica entre los partidos separatistas y los terroristas. Lo nuevo e inaudito es que un gobierno español actúe como cómplice e impulsor de ese proceso. Un gobierno, no lo olvidemos, presidido por un personaje autoproclamado “rojo” (los rojos han asesinado a mucha más gente que los nazis en el siglo XX), aliado además con los tiranuelos populistas del Tercer Mundo. Por ello las alarmas están sonando en toda la sociedad, y, lógicamente, también en los cuarteles.
Sin embargo nos encontramos ante un serio problema político y legal. El ejército podría intervenir, pero sólo por orden del poder civil, orden que difícilmente recibirá de unos políticos partidarios, según todo parece indicar, de la balcanización de España, del “diálogo” con los terroristas y de la involución democrática. ¿Cómo podría resolverse el conflicto entre unos gobernantes antidemocráticos y un ejército dispuesto a cumplir la Constitución? Esa eventualidad resultaría catastrófica, tanto si los militares recibieran instrucciones de intervenir desde el poder civil como si no.
Afortunadamente, como ha indicado el general Mena, el conflicto está lejos todavía de una crisis tan extrema. Asistimos, desde luego, a un proceso de golpe de estado mal disimulado, pero es posible y preciso detenerlo por medios pacíficos. La pugna se libra en el terreno de la opinión pública, y en él los militares sólo pueden actuar como ciudadanos, no como institución, alertando e informando, denunciando sin tregua el ataque a las libertades y a la unidad de España. Porque debe prevalecer la opinión democrática y pacífica, expuesta, entre cosas, en esas grandes manifestaciones cívicas, tan alejadas de las violencias, saqueos y banderas anticonstitucionales y totalitarias propias del “Rojo de la Moncloa” y sus aliados.
