Defensa de la Nación Española

La negativa del Gobierno a inscribir en el registro del Ministerio de Cultura a la “Fundación para la Defensa de la Nación Española”, una iniciativa ciudadana surgida de la rica y plural sociedad civil española, refleja uno de los peores vicios de la izquierda de todas las épocas. Ninguna iniciativa ciudadana puede surgir, según la izquierda totalitaria, al margen del Gobierno o, lo que es lo mismo, la “sociedad civil” no es autónoma respecto del Estado. Esta prohibición, lejos de ser considerada como una broma o cuestión menor de la Administración de Zapatero, debería ser un ejemplo, una cuestión práctica, para estudiar en las facultades de Ciencias Políticas cómo un régimen democrático deriva en totalitario, o sea, cómo el poder del Estado devora en los momentos más insospechados el poder de la sociedad civil.

En efecto, si sólo y exclusivamente son las instituciones del Estado las únicas instancias que puede defender la nación española, entonces eso significa que la sociedad civil ha de identificarse con los imperativos surgidos del poder “neto” y seco que se deriva de un Estado dominado por el partido político en el poder, el PSOE. Horrible, pero muy realista, es la conclusión que se deriva de esta prohibición: el Estado está por encima de las iniciativas ciudadanas. Sólo faltaría que el PSOE, el partido que gobierna España, impulse una ley que imponga un rígido control por parte del Estado a todas las ONGs con el mismo “argumento” que ha utilizado contra la Fundación para la Defensa de la Nación Española, y veríamos casi de modo inmediato desaparecer todas las existentes en España. ¿O es que acaso existe una sola ONG en España cuyos objetivos no suscriba normativamente el Gobierno?

Malos tiempos corren para la democracia, cuando hay que ponerle adjetivos. Sí, la democracia española está amenazada por la “democracia avanzada” de Zapatero. Tan “avanzada” que no permite la existencia de fundaciones surgidas de la sociedad civil que defiendan la nación española porque, según el parecer del Ministerio de Cultura, coinciden con los fines del Gobierno. Por este camino, naturalmente, las únicas iniciativas que debería defender el pueblo, la sociedad civil, son las que llegaran impuestas por el Gobierno. Lo contrario, según esta peregrina doctrina, estaría prohibido. Por ejemplo, exigir que el Estado, como sucede en todas las democracias occidentales, satisfaga las exigencias y demandas de una sociedad civil madura y desarrollada es, según la doctrina del gobierno Zapatero, una quimera.

Malos tiempos pasamos, cuando tenemos que defender que en una democracia no pueden confundirse, ni siquiera simbólicamente, el poder del pueblo con el poder delegado del pueblo; sociedad civil y Estado, o mejor, gobierno, están obviamente relacionados, pero son poderes radicalmente diferentes tanto en su origen como desarrollo. Malísimos tiempos vivimos, cuando un órgano de la administración del Estado no permite que una asociación civil pueda desarrollarse porque pudiera identificarse con los fines del Gobierno.

He ahí, insisto, un ejemplo exagerado, de libro, de ocupación de la sociedad civil por el poder del Estado, o mejor, por el poder que se arrogan quienes ocupan temporalmente el poder del Estado. La ocupación no tiene otro objetivo que no sea coartar la libertad de los individuos, porque el Estado ya se preocupa de ellos. He ahí la esencia de los regímenes totalitarios y, por supuesto, uno de los peores vicios de las democracias con adjetivos defendidas por los gobiernos de izquierda: impedir el desarrollo político al margen de las instituciones gubernamentales.