Siempre he sido de la opinión de que a la mujer no hay que defenderla. Y no porque no crea que existan tratos discriminatorios inmorales sino porque se defiende ella sola demostrando su valía en un entorno, el de libre mercado, que castiga al discriminador injustificado. Sin embargo, el Anteproyecto de Ley del señor Caldera nos mete de lleno en una dictadura igualitarista tan perjudicial para la mujer que creo que requiere la movilización de toda la población. El texto supone una afrenta porque el establecimiento de medidas de discriminación positiva demuestra que el ministro social y el presidente feminista de este país minusvaloran a la mujer. Además, situará a los cargos femeninos de responsabilidad públicos y privados en una posición de sospecha continua por parte de hombres y mujeres.
El Anteproyecto arrebata la libertad de organización de la empresa privada mediante la imposición de formas igualitaristas de contratación, ordenación del tiempo de trabajo o clasificación que dañan irreparablemente la libertad de acción. Tampoco respeta los derechos de aquellos hombres que dejen de obtener un puesto de trabajo que merecían debido a la ciega distribución laboral de un sistema fundamentado en la cuota. Además, el texto trata de forzar a los medios de comunicación privados a realizar una arbitraria igualación sexual en materias como la venta o la publicidad que resulta tan oscura como inquietante. Por si estas intromisiones en las libertades individuales fueran pocas, nos anuncian el desembarco del estado en la educación en materia de discriminación. En adelante la responsabilidad de los padres en la educación sobre estas cuestiones éticas quedará hipotecada por la incorporación al sistema educativo de la "formación en materia de igualdad".
Pero los socialistas han ido mucho más allá. Ya no sólo es que se prohíba preferir elegir más a hombres que mujeres o más mujeres que hombres para el desempeño de determinados trabajos sino que en caso de que alguien alegue haber sido objeto de una discriminación, la carga de la prueba queda invertida. Es decir, se presume la culpabilidad del acusado hasta que demuestre la falsedad de la acusación. Demostración, dicho sea de paso, imposible donde las haya.
A la economía de este país no la van a hundir desde el ministerio de economía (al menos no mucho más de lo que lo hacía el gobierno anterior) sino, más bien, a base de pesados lastres regulatorios en todos los campos socio-económicos imaginables. En este sentido, y por poner sólo tres ejemplos, la igualación coactiva que planea el gobierno incentivará la reducción de tamaño de muchas empresas porque es a partir de 250 trabajadores cuando más interfieren en las decisiones de los propietarios y gestores, elevará el coste por empleado debido al establecimiento de un desproporcionado y errado "derecho" a la conciliación de la vida personal y laboral y, por último, provocará un terremoto en el mundo actuarial al prohibir la discriminación sexual para el cálculo de primas.
Para colmo de males, la ley no conseguirá igualar a la mujer. Ya no sólo porque sustituirá el reconocimiento social por la suspicacia sino porque en aquellos trabajos en los que actualmente se discrimina a su favor (debido a la mayor productividad relativa de la mujer en ese ámbito) la nueva norma le perjudicará directamente mientras que en aquellos áreas donde (por el motivo opuesto) se discrimina a favor del hombre será pernicioso para la empresa y, de manera indirecta, para la mujer.
El anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres es un insulto a la condición de mujer, una intrusión intolerable en el ámbito de las libertades individuales, un lastre económico, un atentado contra un principio jurídico fundamental y un grave error en la medida que perjudicará notablemente al conjunto de las mujeres. No me cabe duda de que la inmensa mayoría de las mujeres se revelará contra este despropósito humillante en defensa de su género. Recuerden que, en general, los hombres no minusvaloramos su sexo como lo hacen Caldera y Rodríguez.
