Durante la reciente conferencia internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural en Porto Alegre, Brasil, se deliberó sobre las 640 millones de personas que pasan hambre y viven en zonas rurales, como campesinos sin tierra. La solución para este terrible drama humano que dan los representantes de toda América Latina, casi sin excepción, es impulsar la reforma agraria. Tal análisis muestra el realismo mágico latinoamericano en su peor esplendor.
Los socialistas y los funcionarios de la FAO creen que el hambre y la pobreza rural se deben a la falta de tierras que permitan a los campesinos cultivar y alimentar a sus familias. Insisten en una solución que se viene probando sin éxito desde la Revolución Mexicana. No se han percatado todavía del rotundo fracaso de la reforma agraria en todas partes donde ha sido instrumentada. Los “objetivos de desarrollo del milenio”, fijados como meta del “desarrollo rural”, no se alcanzarán con la reforma agraria ni en cien años.
Tales políticas sólo han logrado atrasar el desarrollo, destruir los recursos naturales y crear una fuerte dependencia en la agricultura para sobrevivir. México, cuna del ejido y la fracasada lucha por la tierra, dio por concluida la reforma agraria hace muchos años para así librarse de las cadenas populistas que lo mantuvieron durante décadas en la miseria.
Cuanto más se han empeñado los políticos en repartir tierras, más se han empobrecido los pueblos. Esto se debe a dos factores: los atropellos a los derechos de propiedad y las políticas que frenan la natural emigración del campo a la ciudad.
El prolongado deterioro de los derechos de propiedad, desde que Marx definió al comunismo como la abolición de la propiedad privada, ha sido la causa principal de la escasez, violencia y hambre en el mundo. Los pueblos con mayor influencia marxista, como los de América Latina, Africa, India y China, fueron los más castigados.
En las últimas dos décadas, la historia económica ha comprobado la importancia de las instituciones en el desarrollo, gracias a los estudios llevados a cabo por el Premio Nobel Douglass C. North. Se ha demostrado claramente que si no existen sólidos derechos de propiedad, el progreso es imposible. Y lo que hace la reforma agraria populista es precisamente atropellar los derechos de propiedad, sembrando ocupaciones de tierras, violencia, robos, destrucción, desalojos y expropiaciones. El reparto populista de parcelas, sin títulos de propiedad, convierte a los campesinos en eternos peones del clientelismo político.
El otro factor de pobreza es la política agrarista que busca mantener a los campesinos en el medio rural, amarrados a la tierra. Los socialistas creen que si logran fijar a los campesinos en el campo, mediante el reparto de tierras y subsidios agrícolas, es posible eliminar el desempleo, la pobreza y el hambre. No se dan cuenta que el progreso natural de los pueblos, desde hace más de cien años, ha sido la continua emigración del campo a las ciudades y el auge de los centros urbanos y de la industrialización.
La economía campesina tradicional es cosa del pasado. Lo que antes era una vida apacible y autosuficiente hoy es sinónimo de pobreza. La agricultura se ha vuelto un negocio empresarial, mecanizado, de capital intensivo y alta tecnología. En EEUU, 40% de la población trabajaba en el campo en 1900 y hoy sólo 3% sigue en labores agrícolas. El resto vive mejor, trabajando en las ciudades. El aumento de la productividad agrícola volvió arcaica a la reforma agraria basada en micro parcelas antieconómicas.
El problema del hambre rural no es la falta de tierras, sino la escasez endémica de fuentes de trabajo urbano que obstaculiza la natural emigración del campo a las ciudades. La falta de oportunidades en el medio urbano, a su vez, es causada por el estancamiento y la ausencia de inversiones que originan las políticas intervencionistas. La solución del drama campesino exige liberalizar la economía y crear las instituciones legales que favorezcan la producción y originen suficientes empleos para las masas campesinas.