«El "precio político" para que ETA deje de matar sigue ahí, y si no, que se lo pregunten a los terroristas y al socio de Maragall respecto a la tregua en Cataluña o respecto a la futura tregua que ETA pudiera ofrecer ahora a Zapatero.
Todavía es pronto para la infamia de responsabilizar al PP de los muertos de ETA, como se le ha responsabilizado de los asesinatos de Al Qaeda. Pero espérense a que llegue una nueva tregua de ETA, y ya verán como no falta quien culpe al "inmovilismo" del PP y a su "crispante" rechazo al "diálogo", del riesgo de que los terroristas vuelvan a matar. Lo que no nos cabe ninguna duda es que los galgos van a querer hacer suya la victoria de los podencos del 11-M. Y no faltarán conejos que les ayuden.»
"¿Una tregua para cerrar el frente anti PP?", Editorial de Libertad Digital, 12 de abril de 2004.
Era previsible en un dirigente y en un partido que, como ZP y el PSOE, no dudaron en hacerle el juego político a los terroristas, con la excusa de que eran galgos y no podencos los autores de la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Era previsible en un gobierno que, como el de Zapatero, no abandonó a sus compañeros de viaje, ni al conocerse lo de Perpiñán ni al lograr llegar al Gobierno.
La verdad es que los socialistas ni siquiera han esperado a que se hiciera oficial la tregua-pacto con ETA para arremeter contra el PP, al que le "fastidia que ETA lleve años sin matar" –tal y como dijo José Blanco hace unas semanas– y al que ya han acusado de "hacer más ruido que ETA", tal y como hizo el ministro de Justicia el pasado domingo.
Este miércoles, Zapatero sólo ha buscado la suicida complicidad del principal partido de la oposición para que no alce su voz ante un chantaje que, no sólo los terroristas, sino el propio gobierno del 14-M y sus aliados nacionalistas llaman "proceso de paz". "Proceso de paz" que, por su propia naturaleza, está abocado a sortear los imperativos del Estado de Derecho, tal y como el Fiscal General de ZP ha corrido a poner de manifiesto. Ciertamente, no se puede aspirar a sentar en el banquillo a unos criminales a los que el Gobierno ofrece sentarse en una mesa de negociación.
Lo grave es que este gobierno no sólo pretende neutralizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Administración de Justicia, tal y como, en parte, ya lo ha hecho mucho antes de que lo exigiera el "proceso de paz" oficialmente puesto ayer en marcha por los terroristas. Lo grave es que este gobierno, además de estar dispuesto a "dar una salida a los presos" –como le dijo ZP a Savater–, pretende además pactar con los separatistas de Estella –incluidos los representantes de ETA– el fin del Estatuto de Guernica.
El deseo de ZP de blindar el frente anti PP exige, como contrapartida, que los nacionalistas avancen hacia sus objetivos separatistas, no sólo en Cataluña, sino también en el País Vasco. En Cataluña había ya una tregua y un partido que como CiU disimula muy bien su radicalismo soberanista. Tratar de contentar al Club de Perpiñán en el País Vasco, donde sólo hay partidos abiertamente separatistas y donde no había una tregua, podía someter al gobierno del 14-M a un enorme desgaste, por mucho que lo arropasen sus poderosísimos medios de comunicación. El Gobierno necesitaba, además, el anestésico de la "paz" para tratar de satisfacer a los separatistas vascos.
Lo primero que hizo para lograrlo fue acabar con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, puesto que este pacto vetaba cualquier acuerdo de sus firmantes con los separatistas vascos mientras no renunciaran a la autodeterminación. Con los firmantes de Estella y con el resto de formaciones nacionalistas, el gobierno del 14-M aprobó una resolución en el Congreso en el que, a cambio de la tregua, renunciaba al concepto de "derrota del terrorismo" para sustituirlo por una oferta de "diálogo".
Luego, había que dejar pasivamente que los proetarras burlaran la Ley de Partidos con las nuevas siglas del PCTV y hasta con las propias siglas de Batasuna. Neutralización y acoso de aquellos jueces y fiscales que, como Fungairiño, Marlaska o los propios magistrados del Tribunal Supremo, fueran más sensibles al imperio de la ley y a la fortaleza del Estado de Derecho que a esa pretendida negociación con terroristas que la propaganda del gobierno, la apología del terrorismo y una legión de bienintencionados tontos útiles denominan "proceso de paz".
En cualquier caso, lo que resulta evidente es que el "precio político" sigue permanentemente ahí, tal y como han manifestado los terroristas en su comunicado de "alto el fuego". Que ni ETA ni Carod Rovira tendrán suficiente con los nuevos estatutos, por mucho que estos supongan una ruptura del consenso constitucional; poco les importará, como poco le importará al presidente del gobierno del 14-M si el anestésico de la paz le ayuda a conservar el poder logrado cuatro años antes por el horror a una masacre. Lo avanzado por el separatismo quedara ahí sin que nadie reconozca que fue el infame precio pagado por intentar contentar a los que no se van a contentar. En cualquier caso, tal y como decíamos hace dos días, "la ofensiva del mal llamado "proceso de paz" contra el Estado de Derecho no ha hecho más que empezar".