Dio comienzo ayer el esperado juicio de los miembros de la Policía Nacional que detuvieron hace más de un año a dos militantes del PP tras asistir a una manifestación de la AVT. Es de agradecer que, al menos por esta vez, la justicia haya sido lo suficientemente rápida para ver –dentro de esta legislatura– en el banquillo a los responsables de la primera detención política de la democracia.
La historia es bien conocida. En enero de 2005 se celebró la primera de las grandes manifestaciones contra la política del Ejecutivo Zapatero. En el transcurso de la misma, el entonces ministro de Defensa, José Bono, hizo acto de presencia por sorpresa, se armó un barullo considerable y abandonó la marcha asegurando que había sido objeto de una agresión. La noticia dio la vuelta a todas las redacciones del país con sorprendente celeridad, y sirvió para que el PSOE denunciase, con los aspavientos de rigor, la crispación que estaba provocando la derecha.
El hecho es que no hubo agresión alguna, o al menos no se ha podido demostrar. Las pruebas sobre las que se sustenta la ya conocida como “agresión fantasma” son unas fotos publicadas en el diario ABC, y un parte médico de uno de los escoltas del ministro. En lo referente a las fotografías, no se aprecia agresión, y, visionando el material de vídeo de aquel día, menos aún. Nadie pegó al ministro. En todo caso, parte de los manifestantes le increparon, pero eso no es delito. Los cargos públicos no están sólo para escuchar aplausos sino también para recibir quejas de los ciudadanos.
El parte médico presentado por el escolta es, por añadidura, de una fuente más que dudosa. Fue expedido por una clínica privada toledana cuyo director de asistencia fue, hace años, responsable del Insalud en Toledo. Nada cuadra en este asunto. Los policías dicen haber interrogado a los dos militantes pero, en cambio, ellos aseguran que fueron detenidos como imputados con lectura de derechos y declaración de varias horas.
El caso de Antonia de la Cruz fue aún más sangrante porque se presentó en comisaría para acompañar a Isidoro Barrios y allí le fue practicada la detención. Todo porque su cara aparecía en la célebre foto del ABC y, sobre todo, porque el diario El País había anticipado sus nombres para que los policías supiesen a quién detener e interrogar. Se trataba de manchar la imagen del Partido Popular cargando a dos simples militantes el sambenito de agresores.
La acusación pide 10 años de cárcel y 8 de inhabilitación para el comisario jefe, Rodolfo Ruiz, que, curiosamente, era el comisario de Puente de Vallecas, lugar donde apareció la mochila del 11-M. Tras aquello, es decir, tras la llegada del PSOE al poder, fue ascendido a comisario jefe de la Brigada Provincial de Información. Motivo suficiente éste para sospechar que al comisario Ruiz la política sí le importa.
Llegados a este punto, en el que la investigación ha constatado cómo tres policías detuvieron y acusaron a dos ciudadanos inocentes sólo por ir a una manifestación y pertenecer a un partido político, cabe preguntarse hasta dónde llega la voluntad de poder de Zapatero. No es una cuestión baladí. Es posible que, hasta en esto, quiera el presidente que regresemos a los tiempos del Frente Popular, cuando la Guardia de Asalto detenía sin pestañear a miembros de la oposición. En 25 años de vida democrática nunca se había detenido a un militante de un partido político sin pruebas y sólo por ir a una manifestación. Lo que sucedió aquel día fue simbólico. El Partido Popular debería, aparte de llevar hasta el final su acusación particular en el juicio, seguir insistiendo en este tema hasta que se depuren todas las responsabilidades.
