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Los partidos políticos de todo el arco parlamentario se han puesto de acuerdo en recortar los derechos de los ciudadanos para otorgar una suculenta prebenda a los asociados de la SGAE y sus mascotas, como la ACAM. La novedad más destacada por casi todos los diarios ha sido la extensión legal del canon a los medios digitales. No es que no se cobrara hasta ahora; la ley anterior lo permitía y, de hecho, ya pagábamos el canon en los CD y DVD vírgenes. Pero esta ley precisa a dónde puede llegar y a dónde no, con el resultado de que sólo las conexiones a Internet y los discos duros parecen quedar exentos. En breve pagaremos todos más por los teléfonos móviles, los reproductores de MP3, las cámaras fotográficas y sus tarjetas de memoria, las impresoras y los escáneres, además de otros muchos aparatos que no soy capaz de imaginar pero que no dudo que los abogados de la SGAE ya tienen identificados, cuyos precios se incrementarán en cuanto se decida el porcentaje que irá a parar a los integrantes del "No a la guerra contra el genocida" y las "Rosas Blancas por la rendición incondicional al terror".
Si se quería encontrar un equilibrio entre las compensaciones por piratería (que, dicho sea de paso, nada tiene que ver con la copia privada, la legal) no parecía necesario ampliar la aplicación del canon de esta manera. Los ingresos de las entidades de gestión de derechos de autor se han disparado, de 31 millones en 2002 a 114 en 2004. Cuando se compra un CD virgen, aproximadamente la mitad del precio va a parar a las arcas de Teddy y Ramoncín; cuando se adquiere un DVD virgen, ese porcentaje crece aún más. Pagamos el canon más alto de Europa. El Ministerio de Montilla ha evaluado que, a este paso, en breve los ingresos por canon superarán a los ingresos por ventas. Es decir, los que pagan voluntariamente en la tienda dejarán pronto de ser la principal fuente de ingresos de las entidades de gestión de derechos de autor, y su puesto lo tomarán aquellos que no pueden defenderse cuando les suben el precio de los bienes de consumo para pagar el impuesto titiritero.
Sin embargo, quizá la novedad que más titulares provocará en el futuro es la redefinición del derecho de copia privada, que a partir de ahora sólo podrá realizarse "a partir del original". De modo que, previsiblemente, pueden considerarse como ilegalizadas las copias realizadas hasta ahora por medio de las redes P2P, pues éstas se realizan casi siempre a partir de una copia que, aunque se haya hecho "a partir del original", no es el original. De modo que importaremos de Estados Unidos, como siempre, lo malo; pronto veremos a la SGAE denunciando a niños por descargarse la última canción de Amaral. Su historial no deja lugar a dudas de que lo intentarán. Veremos que interpretaran los jueces.
Según la diputada Rodríguez Salmones, la encargada de negociar este engendro por parte del PP, la reforma ha alcanzado un equilibrio que permitirá "ayudar a superar enfrentamientos". Por eso tiene a todo el mundo en pie de guerra menos a la SGAE, porque es una reforma equilibrada, naturalmente. Ignoro por qué se ha sumado el PP a este engendro que sólo puede ayudar a que los "artistas" españoles tengan más capacidad económica y tiempo libre para seguir pergeñando campañas en contra del PP y de los ciudadanos a los que representa. Quizá es que la responsable de cultura está ahí porque sus líderes han considerado que estorbaba en otro lugar "más importante", no lo sé. Pero los lobbies como la SGAE no pueden hacer el mal sin la ayuda de gobernantes, parlamentarios y jueces, que son los que aprueban las leyes que legalizan sus desmanes y vigilan su cumplimiento. Así que cuando lean la próxima burrada que hagan Teddy y los suyos, además de leer detrás de sus acciones el beneplácito de socialistas, comunistas y nacionalistas, lean también PP.Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.
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