El bipartito nacionalsocialista gallego ha decretado "participar" en los beneficios generados en Galicia por las explotaciones eólicas, "en algunos casos" por encima del 12 por ciento. Cuando se le preguntó al conselleiro de Innovación, Fernando Blanco, la causa de tal maniobra confiscatoria, el conselleiro alegó que quería "lograr que parte los beneficios de las eólicas quede en el país", es decir, que se los quede la Xunta. Las eólicas, como es lógico, pusieron el grito en el cielo y acusaron al bipartito de cambiar las reglas de juego en mitad de la partida.
Llama la atención el uso orwellianodel lenguaje cuando los nacionalistas y ciertos medios afines informan sobre estas aventuras colectivistas. Hablan de "cesión" y "participación" para disfrazar un impuesto revolucionario. Más surrealista es el afán de seducir y caer bien a todos del presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, al hablar de llegar a un "acuerdo" con Fenosa para determinar el monto de un impuesto. ¿Un acuerdo? Si los impuestos se acordaran amigablemente, dejarían de llamarse impuestos. En el caso de las eólicas, llamaron "participación" a una extorsión fruto de la presión de un sindicato, Unións Agrarias, que demandó a la Xunta mayor carga tributaria a las empresas por el alquiler de los montes donde se establecieron las turbinas. Es un misterio el por qué no lo reclamaron antes de las expropiaciones. Ahora que existen licencias, concesiones y contratos firmados, vienen a pedirle a la Xunta que lo recaudado se utilice para combatir la despoblación rural que afecta a Galicia, la misma que, en parte, fomenta Unións Agrarias atemorizando a quienes invierten en el monte gallego.
Esta persecución a las eólicas no es un hecho aislado sino que está enmarcado dentro del proyecto económico de este Gobierno, el cual promueve nacionalizarlo todo, y ese todo incluye al viento. Lo único que ha hecho el tándem PSdeG y BNG en materia energética hasta ahora es amedrentar a las empresas con "cánones", ecotasas, "cesiones" y otras argucias con el fin de meterles el miedo en el cuerpo y que paguen sin chistar. Pérez Touriño y Anxo Quintana van de matones legales y así se lo hicieron saber a las hidroeléctricas imponiéndole un plazo para que "acuerden" un canon por operar en Galicia.
Pero no sólo persiguen a las eléctricas. También este Gobierno boicoteó con el apoyo de los ecologistas el establecimiento de dos piscifactorías, una de Pescanova en Touriñán y otra de Stolt Sea Farm en Corrubedo, al tiempo que “siguen trabajando” (otro eufemismo) para que el grupo pastero Ence se vaya de Pontevedra por considerar que contamina demasiado. La histeria ecologista persigue a este Gobierno y lo lleva a frenar todo emprendimiento turístico, acuícola o industrial que vaya contra la santidad del paisaje y de la hierba. Estamos en presencia de la versión indigenista de la actual Xunta que se sostiene sobre la falacia de que nos están robando nuestros recursos y que eso les da patente de corso para implantar una caza de brujas anticapitalista que tarde o temprano tendrá un impacto nocivo en el tejido industrial de la comunidad.
La imagen que da el Gobierno gallego es similar a la de aquellos gángsters engominados que, a punta de ametralladora, le recordaban a sus paisanos que todo ese rollo de invertir y generar empleo estaba muy bien pero que antes "había que sentarse y acatar órdenes". Detrás de lasonrisoterapiaque ejercita el bipartito en cada acto y en cada foto se oculta una descarnada ansia predatoria y gangsteril que cuenta además con el aval de independentistas, radicales y ecologistas. Touriño y Quintana le están tejiendo a las empresas un jersey a rayasa medida dejando en evidencia la fascinación que el populismo mágico ejerce en la mente de algunos mandatarios autonómicos.