Si la semana pasada decíamos que hace falta ya una ley que regule el derecho a huelga, hoy, vistas las reacciones de Gobierno y Generalidad, pedimos que las autoridades asuman su parte de culpa. El Gobierno en lo que le toca, que es mucho, por haber permanecido con los brazos cruzados mientras se perpetraba el delito. Y la Generalidad por dejar de ser eso mismo, la autoridad local responsable de, al menos, salvar la cara ante los ciudadanos.
No es necesario insistir en el hecho de que los primeros culpables de lo que pasó el último viernes de julio son los sindicatos que instigaron la movilización en las pistas de vuelo del aeródromo. Ahora bien, el Gobierno, a través de las Fuerzas de Seguridad del Estado, tiene la obligación de reprimir este tipo de conductas que ponen en riesgo la seguridad y la libertad de todos. El Ministerio del Interior, a través de la Policía o la Guardia Civil, se inhibió aduciendo que intervenir para limpiar las pistas del aeropuerto hubiera sido peor. Esta coartada es, simplemente, absurda. Es como si, en el atraco a un banco, la Policía no interviniese por miedo a que los atracadores vayan armados y eso pueda ocasionar víctimas.
Los huelguistas de El Prat no estaban ejerciendo un derecho sino cometiendo un delito, y esto ha de quedar claro. El derecho a huelga no se puede ejercer en cualquier circunstancia y, si los huelguistas así lo hacen, es el Estado el encargado de hacer cumplir la Ley. Dicho esto, y una vez el Estado ha hecho dejación de sus funciones, son las autonomías las que han de recordarle el error. En este caso no ha sido así. La Generalidad de Cataluña, perrunamente fiel a los más espurios intereses de partido, no ha dicho nada de la inaceptable actuación del Gobierno sino que ha arremetido contra Iberia, una de las víctimas junto con los miles de pasajeros que se quedaron aquel día en tierra, o en el aire dando vueltas sobre la ciudad de Barcelona hasta que, en el mejor de los casos, pudieron aterrizar.
¿Qué habría pasado si el Gobierno central hubiera estado en manos del Partido Popular? ¿Hasta dónde hubiesen llevado este tema los capitostes del tripartito? Y si gobernando el PP en Madrid se hubiera actuado correctamente en El Prat, ¿cuál hubiera sido la reacción de Maragall, Carod y compañía? Lo primero podemos imaginárnoslo, lo segundo no, porque la arbitrariedad es una de las divisas de la sociedad a tres entre comunistas, socialistas y nacionalistas que gobierna en Cataluña. Que echasen balones fuera, que aprovechasen la coyuntura para pedir la transferencia de los aeropuertos catalanes era previsible, pero no hasta este desvergonzado punto.
En un país normal, en uno donde la política sectaria no lo inundase todo, se habrían producido algunas dimisiones, como la del delegado del Gobierno en Barcelona. Aquí, sin embargo, y siempre que el PSOE o sus socios anden envueltos, todo es posible, hasta el desatino más disparatado. Lo de El Prat es un episodio más. Ni ha sido el primero ni será el último.
