Cuando un grupo de personas se manifiesta en contra de que alguien venda comida a mejor precio que el habitual, la escena resulta desconcertante. Cuando un gobierno impide que el consumidor obtenga la cesta de la compra a un menor coste económico, la situación es sencillamente repugnante. Lo uno y lo otro ha ocurrido en Canarias a cuento del proyecto de apertura de 13 establecimientos Lidl.
Los canarios se quejan continuamente de tener que pagar una cesta de la compra que se les antoja demasiado cara. Y no les falta razón: Canarias es la Comunidad Autónoma donde más cuesta el paso por el súper. Ante esta realidad, la noticia de que la cadena Alemana de supermercados de bajo precio pensaba abrir algo más de una docena de centros en Canarias supuso un gran alivio para muchos. De hecho, en los últimos años el poder adquisitivo de cientos de miles de españoles ha aumentado en mayor medida gracias a pagar menos por los alimentos que por las subidas de sueldo.
Sin embargo, al poco de darse la noticia se produjo en Tenerife una primera manifestación contra la apertura de supermercados que puedan vender sus productos a precios mucho más baratos que los actuales o, lo que es lo mismo, "a precios excesivamente baratos". Por extraño que pueda parecer ver a un grupo de ciudadanos manifestándose contra los precios bajos, lo cierto es que no lo es tanto si entendemos que detrás de estas manifestaciones se encuentran intermediarios ineficientes, monopolistas o incompetentes que creen tener el derecho de mantener al consumidor cautivo como si de un esclavo de la antigua Roma se tratara. Estos sinvergüenzas que salen a la calle para impedir un intercambio voluntario entre un nuevo intermediario y los consumidores canarios quieren ganarse la vida a costa de mantener a sus conciudadanos más pobres de lo que estarían con la nueva oferta.
El colmo, sin embargo, es que haya políticos como la consejera canaria de Industria y Comercio, Marisa Tejedor, que usan la demagogia más barata como coartada para impedir la mejora de las condiciones de vida de miles de canarios a través de inofensivos intercambios comerciales. Tejedor tomó el pelo a los isleños al denegar las licencias de los nuevos establecimientos con la excusa de que ese mercado ya está saturado. A esta señora, por favorecer a empresarios cercanos, por disfrutar del poder discrecional que le da su cargo o por una improbable ignorancia supina en cuestiones económicas, le importa un bledo el bienestar que los canarios puedan alcanzar a través del comercio. Ahora Lidl ha decidido cambiar de estrategia y pedir un tipo de licencia de apertura que no precisa la bendición del gobierno de Canarias. Esperemos que en los municipios no se encuentre con tejedores de redes monopólicas.