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José Carlos Rodríguez

Esperanza Aguirre y los impuestos

La competencia fiscal entre administraciones, como entre empresas, funciona. Miren, sino, cómo le ha seguido Cataluña a Madrid en la eliminación del impuesto de sucesiones cuando de nuevo Esperanza Aguirre tomó la decisión de acabar con ese impuesto.

Según sus propias palabras, la primera vez que dio forma a su idea fue escribiéndola en una servilleta. Arthur Laffer describió una sencilla curva, como una u invertida, que describía cómo, según subían los tipos impositivos, los ingresos del Estado le seguían al comienzo, para llegar a un punto en que dejan de crecer e incluso cuanto mayor es el impuesto, menos consigue robar el Estado a la sociedad. El motivo es sencillo, y había sido expuesto anteriormente por Ludwig von Mises: "La idea de un impuesto total no puede ser llevada a sus últimas consecuencias", porque "si los empresarios y los capitalistas no derivan ningún beneficio ni perjuicio de la utilización de los medios de producción" se vuelven "irresponsables administradores desinteresados" de la propiedad. Vamos, que se dedican a cualquier otra cosa distinta de producir haciendo el mejor uso del capital. Y sin producción no hay impuesto que valga. El 100 por cien de cero es igual que el cero por ciento de 100. Por eso, hay un tramo en el que todavía se pueden rebajar los tipos, aminorar el desincentivo sobre trabajadores y empresarios y con el aumento de la actividad, aumentar los ingresos.

Esperanza Aguirre lo sabe bien y tiene plena confianza en su reciente anuncio, que es el cumplimiento de su promesa electoral, de bajar un punto el tipo impositivo en el tramo autonómico del IRPF. Las administraciones públicas se mueven por incentivos que son distintos de los que aseguran un buen uso de los recursos, mientras que las familias, las empresas, los individuos, se cuidan mucho de sacar el mejor partido de su propio dinero. La rebaja de impuestos es una muestra de confianza de la presidenta de Madrid en la sociedad.

Pero no menos importante que la suerte que tienen los madrileños de contar con una presidenta regional que cree en la iniciativa de la sociedad es el mero hecho de que ella tenga la posibilidad de tomar este tipo de medidas. Lo que llaman federalismo fiscal, que no es otra cosa que hacer a cada administración regional responsable de los impuestos como lo es de los gastos, es un pequeño alivio para los sufridos contribuyentes. Porque permite que distintas administraciones territoriales compitan por favorecer unas mejores condiciones fiscales a sus ciudadanos y a las empresas en las que trabajan y que sirven sus necesidades. La competencia fiscal entre administraciones, como entre empresas, funciona. Miren, sino, cómo le ha seguido Cataluña a Madrid en la eliminación del impuesto de sucesiones cuando de nuevo Esperanza Aguirre tomó la decisión de acabar con ese impuesto, que John Stuart Mill reconoció como especialmente injusto.

Lo contrario del federalismo fiscal es la extensión de la mano muerta del Estado a todos los rincones. "Armonización fiscal" lo llaman, que para el crimen organizado también hay nombres. Es el camino que quieren tomar los países con Estados más pesados dentro de la Unión Europea, para evitar que otros, como Estonia o Irlanda. Dar a cada Estado la libertad de elegir su nivel de impuestos, y dentro de éstos, a cada región, hará que las áreas más liberales prosperen más a base de meterle con más moderación la mano en el bolsillo de los ciudadanos.

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