La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acaba de proponer que los municipios penalicen a quien gaste más de 60 litros diarios de agua. La medida, por lógica que pueda parecer, carece de sentido.
En condiciones normales, esto es, cuando España no padece problemas de sequía, el país en su conjunto tiene agua suficiente para abastecer todas las necesidades de consumo. El problema es que el preciado líquido no se encuentra distribuido por igual en todo el territorio nacional. Por el contrario, se acumula en el tercio norte mientras escasea en el tercio sur. La lógica y el sentido común sugieren, por tanto, que lo que necesita España es una redistribución de sus recursos hídricos, de forma que aquellos territorios que cuentan con excedentes puedan trasvasarlos a aquellos otros que son deficitarios. Eso es lo que se pretendía llevar a cabo con el Plan Hidrológico Nacional, que Narbona eliminó de un plumazo. Su supresión va a acarrear problemas en el futuro.
Por supuesto, la política de trasvases no tiene por qué ser gratis. Por el contrario, resulta de todo punto razonable que quienes envían su agua a aquellos que la necesitan cobren por ello. Es una forma de retribuirles y de promover en esa parte de España excedentaria en agua un aprovechamiento más eficiente y racional de la misma para poder obtener recursos con la venta de sus excedentes a quienes los necesiten. En cuanto a los receptores de los trasvases, el hecho de tener que pagar por ese líquido promoverá, igualmente, un uso más racional y eficiente de la misma, ya que el derroche en su consumo tendrá costes económicos para ellos. Por consiguiente, la recuperación, con este espíritu, del Plan Hidrológico Nacional resulta imprescindible no solo para abastecer de agua a todos los que la necesitan sino para racionalizar su consumo. En años de sequía, además, esa misma política de trasvases remunerados constituye un incentivo para que todos ahorren agua: los que la vender, para tener ingresos por ella; los que la adquieren, para que un bien que se encarece con su escasez no suponga un coste inasumible. Y, en situaciones extremas, por supuesto, siempre están las restricciones.
Narbona, en cambio, insiste en sostenella y no enmendalla y ahora propone un sistema de penalizaciones que no tiene en cuenta la realidad del consumo de agua ni sus necesidades. La ministra de Medio Ambiente pretende que se imponga una penalización económica a los individuos que consuman más de 60 litros de agua diarios, lo que supone un serio deterioro de la calidad de vida. Si se tiene en cuenta que en una ducha diaria se emplean más de 40 litros, que hay que beber, cocinar, lavar los platos y la ropa, limpiar los hogares, utilizar los inodoros, etc. ¿Cómo es posible que una persona pueda consumir al día menos de 60 litros cuando, en la actualidad, estamos empleando para todas estas cosas de nuestra vida diaria más de 170 litros? ¿Debe dejar de lavarse, de cocinar, de fregar, etc.? Según la propuesta de Narbona, parece que estamos condenados a ello.
