Quienes aún conocen algo de la Historia de España saben que esto nos pasa con alguna frecuencia: de repente todo se resquebraja, la unidad empieza a romperse, el particularismo se impone sobre el interés general. Da la impresión de que hoy estamos viviendo, una vez más, un proceso de este género: la revisión de los estatutos de autonomía –una revisión que la sociedad no necesitaba, que los ciudadanos no pedían, que es simple consecuencia de los pactos de poder del PSOE– va configurando una forma de Estado más frágil, una España más dispersa. La unidad nacional se afloja y, en su lugar, los poderes regionales reclaman más poder. Para legitimar tal reclamación se recurre a un concepto tan etéreo como peligroso: el de "realidad nacional".
Por supuesto, ya sabemos que la letra de esos estatutos reafirma también el carácter indisoluble de la nación española, o su fidelidad a la Constitución, o su vinculación irrenunciable al Estado o, en fin, cualquier otra fórmula que tranquilice al gentío y permita una salida airosa ante los tribunales. Pero también la Constitución situaba la soberanía en la nación española, y eso no ha impedido que una comunidad, Cataluña, proclame su "realidad nacional" acogiéndose al ambiguo expediente de la doble verdad: el parlamento catalán dice una cosa, la Constitución señala otra. Doble verdad que, en la práctica, no hace sino dar un espaldarazo institucional al planteamiento de un conflicto político que se ha convertido ya en irresoluble, pues una cosa y su contraria no pueden ser verdad al mismo tiempo. La incoherencia de hoy siembra la discordia de mañana.
Entendámonos: el problema no es que un estatuto de autonomía proclame que la región de Murcia, por ejemplo, es una "realidad nacional" (cosa que aún no ha ocurrido, por fortuna); el problema es que la actual revisión del sistema autonómico se está haciendo deliberadamente en el sentido de una creciente disgregación del Estado, de una creciente insolidaridad entre las regiones, de una creciente fragilización de la unidad nacional. Porque todas las cesiones –todas– han ido en la dirección de reconocer elementos o aspectos nacionales en las regiones españolas; elementos o aspectos que antes no existían más que como marginales efusiones ideológicas, pero que ahora, en nombre del "consenso", se han convertido ya en conceptos de curso legal. Se prepara así el camino para nuevos pasos en la peor dirección posible. Podrán decirnos que tales pasos nunca se darán porque ahí están el PP, los tribunales o la Constitución para impedirlo. Pero si ya se está cediendo ahora, ¿qué nos impide pensar que no se cederá mañana?
Por encima y por debajo de las protestas de constitucionalidad, lo que va tomando forma es esto: un proceso de progresiva desnacionalización de España. Proceso que no va a beneficiar en modo alguno a los ciudadanos, sino tan sólo a unas clases políticas autonómicas que se han configurado ya como nuevas oligarquías de ambición taifal. Ese es el poco discreto encanto de la taifa.