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Cristina Losada

Tumbas y tombes

En Galicia, como en cualquier lugar de España, uno puede poner la lápida en el idioma que le pete. Pero dejar tanta libertad a los ciudadanos no es bueno para la causa del poder autonómico.

La casta dirigente en Galicia ha producido en las últimas semanas dos noticias singulares, características de esas turbulencias que ZP dice que desea conjurar cuando él mismo las genera. La una, la decisión de la Universidad de Santiago de retirarle el honoris causa a Franco; la otra, la resolución del parlamento para incentivar que los gallegos se vayan a la sepultura en gallego y no en español, como es costumbre. Su singularidad viene acentuada por el hecho de que no hayan encontrado el eco que se merecían. Pues las dos son sintomáticas. La primera, de la obediencia de las autoridades académicas al poder político. La segunda, del grado de alejamiento de la realidad que se está ganando a pulso ese poder. Ambas muestran también una querencia por hozar en terreno de los muertos. Remover tumbas sale más a cuenta que atender a los vivos.

¿Obediencia? Sí, porque el rector que ahora ha hecho su simbólica contribución al Año de la Memoria Histórica, no aprovechó su primer mandato para borrar ese punto negro del historial de la secular institución. Si bien se comenta que los prebostes de la USC tardaron tanto tiempo en anular ese honoris –cuarenta y un años después de su concesión y treinta y uno desde la muerte del laureado– a fin de cerciorarse de que el dictador estaba fiambre, parece que la razón de la tardanza aún es peor: hasta el año pasado mandaba Fraga. Y a ver quién se atrevía a enfadar a don Manuel. Tan heroicos como siempre ciertos rectores. Por lo mismo que unos le dieron el doctorado a Franco en el 65, otros se lo quitan ahora: hay que hacer méritos.

¿Alejamiento? Y tanto. Doscientos años transitó hacia el futuro en unos minutos el portavoz del BNG para justificar la necesidad de enterrarse en gallego. Y es que, dijo, si hubiera una hecatombe nuclear, los vestigios funerarios que se encontrarían dos siglos después harían creer a los arqueólogos que el gallego era una lengua residual. Total, un agravio intolerable para los guardianes de las esencias. Y un argumento que, en un parlamento serio, provocaría carcajadas. No aquí. Aquí hay temas tabú. Investirse de defensor del gallego aún con los ropajes de profeta del Día del Juicio Final, garantiza un respetuoso asentimiento. De modo que todos los partidos aprobaron que se instruya a floristerías, funerarias y demás negocios del ramo a fin de que los ritos fúnebres aseguren un rango honorable al gallego para la posteridad. Con o sin radiactividad.

Y, en cualquier caso, con la provisión correspondiente de dinero público. Pues ninguna de estas geniales ideas –y ésta ya figuraba en el Plan de Normalización Lingüística aprobado a la búlgara– le sale gratis al contribuyente.

En Galicia, como en cualquier lugar de España, uno puede poner la lápida en el idioma que le pete. Pero dejar tanta libertad a los ciudadanos no es bueno para la causa del poder autonómico. Es un poder que se ha cimentado sobre su identificación con un idioma y la exclusión del otro, o sea, sobre la imposición de su propio modelo a la sociedad. Decía Popper que la gran revolución espiritual que condujo al derrumbe del tribalismo y al advenimiento de la democracia fue la emancipación del individuo. No es de extrañar que la vuelta a la tribu y la descomposición de la democracia pasen por la liquidación de la libertad individual. Esto va a marchas forzadas. Ya ni a la hora de la muerte dejan a la gente en paz.

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