Gobierno y PSOE han recibido con sumo alborozo la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite la querella de Manos Limpias a propósito de la reunión de los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares con los dirigentes de ETA-Batasuna Arnaldo Otegi, Rufi Etxebarria y Olatz Dañobeitia. La vicepresidenta del Gobierno ha llegado a sugerir a los jueces del Tribunal Superior del País Vasco que tomaran nota de lo dictado por el Supremo, toda vez que esta corte sí que ha admitido a trámite las denuncias del PP y Foro de Ermua contra los socialistas vascos e Ibarretxe.
Sin embargo, como ha indicado Enrique López, portavoz del CGPJ, el auto no debe servir para "descalificar el trabajo de los magistrados del Tribunal Superior del País Vasco", ya que la querella de Manos Limpias no planteaba los mismos hechos delictivos. De hecho, ha sido la inclusión en la misma nada más y nada menos que del presidente del Gobierno y los miembros del Consejo de Ministros –que no son quienes habían reunido con ETA-Batasuna– lo que han llevado al Supremo, primero, a declararse competente y, segundo, a precisar las funciones de control del Poder Judicial sobre el Ejecutivo, lo que ha sido mal interpretado como poco menos que una carta blanca para saltarse la ley.
Cuando el tribunal considera "fraude constitucional" pretender "corregir la dirección de la política interior o exterior de un Gobierno democráticamente legitimado" por vía judicial, no se está refiriendo a la actuación de los dirigentes del PSE, que es lo que deberá juzgar el TSJPV, sino la de Zapatero y su Gobierno. El Tribunal Supremo especifica así que no puede enjuiciar al Ejecutivo más que en lo que se refiere a juzgar a sus miembros en caso de que violen la ley. Y ciertamente a la reunión con ETA-Batasuna no acudieron ni Zapatero ni sus ministros, sino López y Ares, por lo que en ningún caso se les podría haber imputado delito alguno a los primeros.
No obstante, sí es cierto que el Supremo ha especificado que no se puede condenar por desobediencia a sus autos –y en concreto, al que ilegaliza a Batasuna– si no se incumple una orden expresa del tribunal, como sí hizo Atutxa al negarse a disolver el grupo de Batasuna en el Parlamento vasco, razón por la que los mismos magistrados que hoy han rechazado la querella de Manos Limpias aceptaron sin embargo hace un mes el recurso del mismo sindicato contra el dirigente peneuvista. Pero que pueda ser legal esa reunión no la hace más admisible desde el punto de vista político y moral. Tampoco lo son las negociaciones con ETA que, sin embargo, nadie ha planteado que puedan ser ilegales.
Tanto la ronda de partidos de Ibarretxe como la reunión de los dirigentes del PSE con los de Batasuna han devuelto a ésta la legitimidad social y política que había perdido merced a su ilegalización y ha sido uno de los balones de oxígeno que el PSOE ha dado a la banda terrorista ETA. Que el Supremo haya dictaminado que legalmente puede hacerse no quiere decir que los socialistas puedan aducir que, por tanto, han hecho bien. La legalidad, la conveniencia política y la actuación conforme a la ética y la moral son cosas distintas, y los tribunales sólo pueden dirimir la primera. Una lección que deberían aprender todos los jueces y fiscales que apoyan que la ley se amolde a las circunstancias políticas del momento.
