Zapatero ha llevado su proceso de negociación con ETA demasiado lejos. Ha hecho depender toda la legislatura de un apaño con la banda terrorista. Es un proceso lleno de mentiras, medias verdades y engaños en el que ha conseguido implicar a todos los cercanos al poder socialista, o sea, periodistas, intelectuales orgánicos e inorgánicos, militantes, publicitarios, compañeros de viaje, tontos útiles, etcétera. Nadie cercano al PSOE ha levantado la voz contra Zapatero. Por esta parte, nadie podrá decir que al Gobierno le ha faltado apoyo. Excepto Rosa Díez, nadie se ha movido. He ahí un Partido. He ahí un Grupo de Interés. He ahí una Mole al margen de la nación, la democracia y la historia de la dignidad de los caídos por el terror.
Pero, a pesar de tener todo tipo de apoyos "intelectuales", faltaba el de ese grupito famoso de los "juristas" que hacen siempre un "uso alternativo del derecho", o sea, un uso revolucionario para dinamitar desde dentro el Estado de Derecho. Sí, faltaba el grupo de juristas del terror, o sea, que apoyasen las exigencias terroristas. Y, finalmente, ha aparecido localizado en Cataluña. Para adornar el embeleco de Zapatero han escrito un manifiesto a favor del proceso de paz. Los abajo firmantes no se andan por las ramas y, como si fueran una filial de ETA, exigen la derogación de la Ley de Partidos. Y lo exigen qua juristas y no como ciudadanos que tienen opiniones políticas. Su facundia intelectual raya la desvergüenza.
Esta gente da miedo. Su identificación con ETA es absoluta. Están situándose fuera de toda lógica democrática y, sobre todo, se ríen del Estado de Derecho al exigir que se derogue las leyes que intentan protegernos del terror. Por supuesto, y de propina, los abajo firmantes apoyan también explícitamente exigencias concretas de la banda terrorista ETA, especialmente la que se refiere al acercamiento de los presos al País Vasco.
Entre los firmantes de este documento a favor de ETA, hallamos nombres como el de Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción y de reconocida filiación socialista, y más de 150 firmas de abogados. 17 de esas firmas son, en verdad, para alarmarse, porque corresponde a 17 magistrados y fiscales que están en activo en la carrera judicial. ¿Puede tener un ciudadano confianza en unos jueces y fiscales que piden la derogación de leyes que nos protegen contra el terror? ¿Quién le pide a esta gente que persiga las 200 manifestaciones que ha convocado ETA para este miércoles?
