Uno de los problemas del Gobierno es que siempre tiende a crecer incluso fuera de sus límites territoriales. El último ejemplo ha sido la propuesta de Antoni Castells, conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña. Para Castells, no contento con el sufrimiento económico que infringe a Cataluña, quiere expandir su intransigente política impositiva al resto del territorio español. La propuesta viene a raíz de las rebajas fiscales de Madrid, Valencia y Castilla y León. Castells tiene miedo que las empresas ubicadas en Cataluña aprovechen esta relajación impositiva para huir e instalarse en otras comunidades que favorecen la creación de riqueza.
Lo que no advierte Castells es que si extiende su totalitarismo económico al resto de España lo único que va a conseguir es que las empresas, y el capital privado en general (el dinero no tiene fronteras), se trasladen, como ya ocurre, a otros destinos como los países del este de Europa, Andorra o Suiza. O que simplemente se queden en la economía sumergida, que ya ronda una quinta parte del PIB.
El Gobierno catalán está aplicando la política económica de la pobreza sobre la sociedad con el único objetivo de hacer rebosar las arcas públicas: altos impuestos, constante incremento de las regulaciones, draconiano control sobre la sociedad civil, normativas que sólo expulsan a las empresas privadas, firme aumento de multas a empresas y particulares con cualquier excusa recaudatoria como no rotular en catalán, tirar la basura "fuera de horas", céntimo sanitario, multas express que la Guardia Urbana tramita con PDAs e impresoras portátiles, multas por atar la bici a un árbol, multas a los top manta y a sus clientes... No se puede hacer nada sin ser injuriado por las leyes de los políticos catalanes.
Nos dicen que sólo pagan los ricos, pero precisamente ellos son los únicos que no pagan impuestos. De los 15 millones de declarantes del IRPF, sólo un 0,17% asegura percibir unos ingresos de 192.000 euros anuales. Cualquier asesor fiscal le podrá contar mil casos y anécdotas al respecto. Las únicas víctimas del Gobierno son las clases medias, bajas y muy especialmente las más pobres gracias a la manipulación monetaria, por eso a la inflación también se la llama el "impuesto de los pobres".
Castells se ha dado cuenta de que la libre competencia entre regiones y la libertad de mercado son el peor enemigo del expolio estatal sobre la sociedad civil y ha llegado a decir que "hay que tomar medidas para que haya una base mínima impositiva en todo el Estado". Pero el bienestar nos lo otorga la economía privada, no el Estado. En él sólo gobierna la ineptitud, la corrupción, el oportunismo, la ineficiencia y la desmesurada voluntad de enriquecerse a costa del trabajo de la gente honrada.
Si el señor Castells supiera más de economía que de dirigismo se daría cuenta de que a las personas y a las empresas se las ha de dejar en paz para su bienestar y el de todos, y que lo único que ha de estar atado y limitado es el Estado y todo lo que le rodea. No hay que tomar medidas para establecer una base mínima impositiva, sino para establecer una base máxima para que los gobiernos, tanto de Cataluña como de España, nos dejen de hacer la vida más difícil cada día.
