La Sociedad General de Autores y Editores vuelve a la carga. El encargado de hacerlo esta vez ha sido el director de sus servicios jurídicos, Pablo Hernández. Aunque con mejores formas que las habituales en otros Teddy Bautista Boys, el fondo del mensaje lanzado por Hernández es el mismo que tiene el del propio Bautista o Pedro Farré. Como ya han hecho otros antes que él, este directivo de la SGAE pretende dar un carácter criminal a lo que no lo tiene. Asegura que las descargas de películas en redes de pares son "piratería". Tal vez no conoce la circular del 5 de mayo de 2006 de la Fiscalía General del Estado en la que esta institución aclara que el intercambio de archivos sin "ánimo de lucro comercial" no es delito.
O tal vez puede que nuestro amigo esté hablando de "piratería" tan sólo en un sentido ético. Esto tendría gracia. La entidad para la que trabaja no sólo se lucra apropiándose de forma ilegítima, por muy legal que sea, del dinero de otros vía cánones; además es socio comercial de uno de los regímenes más represivos que existen en la actualidad, el de Fidel Castro. La SGAE haría mejor estando calladita en cuanto a derechos, pues su complicidad con un sistema que no respeta algunos tan importantes como el de expresión es más que evidente (y no sólo por ese acuerdo comercial, ya en 2002 el propio Teddy fue condecorado por el dictador "por su solidaridad permanente con nuestro pueblo y con la obra de la Revolución Cubana").
Pero no, aquí no se trata de aplicar leyes ni de cuestiones morales o éticas. Se trata de chupar del bote. El propio Hernández reconoce que "perseguir a los particulares que se bajan películas en sus hogares es imposible", por lo que descarta imitar a la RIIA. Claro que la imposibilidad, y eso es lo que se calla, reside en que ya ha habido al menos una sentencia absolutoria de un usuario denunciado por entidades de gestión de derechos de autor por descargar música a través de sistemas de intercambio de archivos. Claro que si lo reconoce, toda la argumentación de este Teddy Bautista Boy queda desmontada. ¿Qué le que queda entonces a la SGAE? Volver a la carga con una de sus viejas aspiraciones: imponer el canon a las ADSL y otras conexiones a la Red.
No lo dice con estas palabras, pero es lo que quiere decir su petición de que sean las operadoras de telecomunicaciones quienes asuman el pago por los derechos de autor de los contenidos que explotan a través de la banda ancha. No nos engañemos, si se les impusiera pagar por eso, dicho coste adicional se vería trasladado, como ocurre con los CD y DVD, al precio final que pagan los usuarios. Y como no han logrado colarlo en la Ley de Propiedad Intelectual, ya han encontrado la norma por medio de la cual imponerla: la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (para la reforma de la LSSI). Una norma, por cierto, para la que la SGAE y compañía ya tienen otros grandes y liberticidas proyectos.
