Uno de los grandes consensos en educación es que los colegios deben ser más autónomos, es decir, que deben tener capacidad para tomar sus propias decisiones. Parece de sentido común, pero el sentido común no justifica tantos apoyos. ¿Qué es la autonomía? Para un liberal, o mejor, para una persona normal, la autonomía es que el equipo directivo de un colegio pueda dirigirlo y que a los equipos directivos los nombren los propietarios de los colegios, en el caso de los públicos la Administración y en caso de los privados sus legítimos dueños.
Pero resulta que para la izquierda la autonomía es todo lo contrario, es decir, mayor capacidad de autogobierno para "el centro en su conjunto", o sea, para el equipo directivo nombrado por el Consejo Escolar y para el propio Consejo Escolar, que lo forman –entre otros– delegados de profesores, padres, alumnos, personal administrativo, una asociación de padres y el Ayuntamiento correspondiente, ninguno de ellos propietario del centro o responsable de sus resultados. Un instrumento sin duda eficaz para que la izquierda controle la escuela pública aunque pierda las elecciones.
Lo irónico es que el argumento empleado sea el "control social de los fondos públicos", como si los contribuyentes estuvieran representados en los consejos escolares. Más irónico aún si hablamos de centros públicos, porque el Consejo resta poder al titular, que es, precisamente, ¡el representante de los contribuyentes! A lo que sí tenemos derecho quienes pagamos impuestos es a conocer los resultados académicos de los centros que subvencionamos, que es precisamente a lo que se opuso la izquierda con la evaluación de sexto de primaria en Madrid –contra la que organizaron una huelga sindical revolucionaria que no hicieron ni sus afiliados– y con la Prueba General de Bachillerato.
Al defender la autonomía de los colegios frente a las grandes planificaciones un liberal no puede caer en la trampa de la autogestión. Hay que dejar claro que, como en cualquier empresa, la autonomía es la capacidad de los directivos para gestionar el centro, así como la capacidad de los propietarios para nombrar a los directivos. Una asamblea de padres, profesores y alumnos gestionando un centro no es darle autonomía, sino someterle a una especie de sesentayochismo a lo soviético.
Si los madrileños votamos a Esperanza Aguirre queremos que sea su Gobierno y no los sindicatos y las APAs –que sólo representan a los padres asociados– quien gestione la escuela pública madrileña, no por ser una autoridad estatal, sino por ser el titular y el responsable de la escuela pública. Nadie, menos el titular de un colegio, debe nombrar a las personas que lo dirigen, establecer el proyecto educativo o definir las normas del centro. Esa es la verdadera "participación": que los titulares ofrezcan y los padres elijan, no distribuir a los alumnos y dar el control de los centros a los padres.
Lógicamente, la Ley de Educación de Zapatero vuelve al sistema neocorporativista en la elección de directores, con lo que no importa a qué partido votemos porque la escuela que es de todos seguirá bajo el poder de los sindicatos. Mientras sea así, no habrá directores sino delegados sindicales, y no habrá autonomía posible para los centros públicos, sino administraciones que luchen por sacar adelante un proyecto educativo, como la de Aguirre, y otras que se desentiendan de la escuela pública y se la regalen, con el lazo de la autonomía, a la hegemónica izquierda educativa.
