Hace pocos meses un senador del Estado de Nueva York propuso una ley que pretendía prohibir a los ciudadanos escuchar música por la calle. Para el senador, cuando alguien escucha música, mira su PDA o juega con su videoconsola portátil queda abstraído del entorno, lo que puede provocar que le atropelle un coche o, aún peor, que provoque un accidente.
La cuestión fue enfocada por el senador igual que se hace aquí, clamando por el civismo, la seguridad y el bien común. Para el artífice de la propuesta, Carl Kruger, la actitud incívica de llevar gadgets electrónicos "es un problema nacional". En cinco meses, según Kruger, murieron en Brooklyn tres peatones en accidente de tráfico por usar este tipo de aparatos. La solución del senador era que los iPod, BlackBerry, reproductores de MP3 y artilugios similares sólo pudieran ser utilizados por corredores, ciclistas, peatones, etc. en los parques de la ciudad. Lo que se le escapó al senador fue prohibir mirar la hora del reloj, que también puede distraer. Tal vez la razón es que no escucha música, pero sí mira la hora. Pensará usted que esta anécdota no es más que otra salida de tono de otro político extranjero, pero es que aquí ya tenemos una ley en vigor muy parecida.
Esta semana, un peligrosísimo profesor de educación física en Gijón ha sido multado con 552 euros y la retirada de nueve puntos del carné de conducir por realizar la "suicida" actividad de pasear con su bicicleta mientras escuchaba música. La administración se ha defendido alegando algo muy similar a lo que dijo el senador Kruger hace unos meses.
Los amantes de la represión gubernamental y resto de socialistas celebran con cava este tipo de agresiones contra el hombre libre porque representan una victoria del bien común, pero cuando se producen desastres mucho peores cuya causa son los políticos simplemente miran en otra dirección.
Esta legislatura está marcada por la corrupción urbanística en la que han participado políticos de todos los partidos, donde hay implicados altos cargos del Gobierno. El sectarismo de organizaciones paragubernamentales como la CNMV. La unión del Gobierno, medios de comunicación y otras empresas privadas para derrocar a empresarios o una irresponsable política económica basada en el corto plazo que todos vamos a pagar. Parafraseando a nuestro amigo el senador Kruger, esto sí que "es un problema nacional".
Estos desagradables acontecimientos que provienen de la política traspasan nuestras fronteras y provocan serios daños a todo el país. Una situación económica inestable, marcada por el intervencionismo y la corrupción, es el disuasorio perfecto para todo inversor extranjero y nacional. En estas semanas la bolsa ha bajado, entre otras causas, debido a las fuertes ventas de las grandes instituciones extranjeras que están viendo a España como un país de opereta.
Esto es lo que ocurre cuando esperamos que nuestra mayor molestia, el Gobierno, solucione los problemas nacionales e instaure la felicidad por medio de la ley. El resultado es el caos. El problema de España no es el ciclista que circula con auriculares, ni los que fuman en lugares públicos ni los top manta, sino una clase política que tiene barra libre para hacer lo que quiera y se mete en nuestras vidas con cualquier excusa trasnochada. Si el ciclista de Gijón tendrá que pagar más de 500 euros por "circular mal" con su bici, ¿qué tipo de sanción ha de tener José Blanco por facilitar la corrupción urbanística, Conthe por permitir el acoso institucional a empresarios o el Gobierno por saltarse leyes europeas en su beneficio y en el de sus amigos? ¿Realmente cree que van a pagar por el daño que han ocasionado al país?
