He olvidado dónde estaba cuando escuché por primera vez el término "trabajador sin papeles". Probablemente fue después de cruzar el Río Grande a nado y salir chorreando en la orilla norte para que me pudieran dar un número de la Seguridad Social falso y un permiso de conducir. Pero asumí, de manera bastante razonable, que este juego de manos lingüístico era demasiado ridículo como para que colara siquiera en los medios de comunicación norteamericanos. Subestimé a mis colegas.
Los "sin papeles" tienen ahora mismo suficientes papeles como para abrir cuentas bancarias o, ya que nos ponemos, alquilar un camión de mudanzas, como hizo Mohammad Salameh en 1993 cuando llevó a cabo junto a sus colegas el primer atentado contra el World Trade Center. Ser un "sin papeles" significa tener documentación más que de sobra para hacer de todo, pero carecer de ella sólo ante el Gobierno de los Estados Unidos. Lo cual, cuando te paras a pensarlo, resulta ser una situación privilegiada.
En cualquier caso, fue hace cinco años o así cuando empecé a hacer referencias en mis columnas a "los distinguidos miembros de la comunidad indocumentado-americana". Pero del chiste fácil marca Steyn de ayer a la realidad de mañana sólo hay un paso. Hace unos días, Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado, declaró: "Esta semana someteremos a votación la ley integral sobre inmigración que reforzará la seguridad fronteriza, sacará de las sombras a doce millones de estadounidenses sin papeles y mantendrá fuerte nuestra economía."
¡Eso sí que es "un camino rápido a la ciudadanía"! ¿Qué más darán los visados condicionados, los visados Z o las tarjetas verdes? A los ojos de esta "reforma integral de la inmigración" guiada por los demócratas a través del Congreso, estos tipos ya son "estadounidenses sin papeles". ¿Fue sólo un lapsus? (Hablando de lo cual, pensaba que, gracias a George W Bush, teníamos "la peor economía desde Herbert Hoover", ¿en qué momento se hizo "fuerte"?) ¿O hablaba el Senador Reid en serio?
Si realmente quería decir lo que dijo, el concepto mismo de ciudadanía está muerto y el Senado podría optar también por una "reforma realmente integral de la inmigración" que declarara a todos los habitantes del planeta ciudadanos norteamericanos con derecho a percibir las prestaciones de la Seguridad Social con efecto retroactivo. En palabras del célebre titular de Le Monde el 12 de septiembre de 2001, nous sommes tous Americains. Literalmente.
No sé si este fraude de ley está muerto o si simplemente descansa "en las sombras" como si fuera un distinguido miembro de la comunidad vampírico-americana. Pero por si acaso se levantara a la tercera noche para acechar furtivamente al país una vez más, aconsejaría a sus partidarios que hicieran su labor de una manera más honesta. En primer lugar, los únicos "que viven en las sombras" son los ayudantes de los senadores norteamericanos que trabajan con empeño para que la tramitación de esta ley no se haga a la luz pública para después presentarla como fait accompli ante la ciudadanía (si me perdonan la expresión). Esto es una afrenta a la democracia, y, si mediocridades como Trent Lott o Lindsay Graham no son capaces de entenderlo, entonces deberían ser sus electores quienes les dieran una merecida lección.
En segundo lugar, los partidarios de la ley deberían dejar de dar por sentada la mala fe de sus detractores. Hace poco, en Fox News, Juan Williams, un periodista que trabaja en la radio pública, me acusó de estar en contra de los inmigrantes. Lo malo es que, en realidad, soy un inmigrante; en concreto, soy uno de los miembros de esa diminuta categoría ya apenas estadísticamente detectable llamada "inmigrantes legales". Pero quizá eso ya no importe. Quizá, como le pasara al color negro de Colin Powell, no sea lo suficientemente "auténtico". Al hacer todo el papeleo que me pedía el Estado norteamericano, no fui lo bastante "realista".
No se me ocurriría hablar en nombre de los millones de norteamericanos que se oponen a esta ley, pero es precisamente porque yo mismo soy un inmigrante que me opongo a la mayor de las estupideces introducidas por la puerta de atrás por el colectivo pro-amnistía. Fundamentalmente, esta ley es un fraude. Su "solución integral" a la inmigración ilegal consistente únicamente es meter a todos los ilegales de la noche a la mañana en la categoría de legales. Voilà! ¡Problema resuelto! No puede haber más inmigrantes ilegales porque el Senado simplemente ha abolido esa categoría. ¡Cuán ingenioso! Para su próximo truco consensuado, el Congreso reducirá la tasa de asesinatos reclasificando a los criminales como peatones imprudentes.
De vuelta al mundo real, lejos de esos senadores que viven en ese mundo fuera de las sombras que es su ilimitada adoración de sí mismos, la verdad es que la burocracia estadounidense dedicada a la inmigración no puede dar salida a la carga de trabajo que ya tiene. Por tanto, sería totalmente incapaz de lidiar con los muchos millones más que enviarían a su sala de espera. Actualmente, se espera que un inspector de inmigración apruebe o rechace una solicitud en seis minutos. Ese no es tiempo suficiente para leer el formulario principal, no digamos ya la documentación adicional. Ciertamente, tampoco es tiempo suficiente para hacer ninguna comprobación de la procedencia real del solicitante. Bajo la presión política de "sacar de las sombras a doce millones de estadounidenses sin papeles", la burocracia le pondrá el sello de aprobación a toneladas de solicitudes para el estatus legal probatorio en cuestión de 24 horas y sin más documentación de apoyo que una cuenta de ahorros o una declaración jurada de un amigo. Nunca ha habido un mejor momento para que el mulá Omar solicite la residencia norteamericana.
Estados Unidos tiene un problema de inmigración ilegal en parte porque tiene un problema de inmigración legal. Cualquiera que ingrese en el sistema se expone a las resoluciones de una burocracia arbitraria, caprichosa y errática. Por ejemplo, uno de los aspectos menos conocidos de esta ley es que, con el fin de "sacar de las sombras a doce millones de estadounidenses sin papeles", millones de aspirantes legales tendrían que volver a la oscuridad. Se obligaría a los extranjeros respetuosos con la ley que presentaron su documentación en Inmigración durante los dos últimos años a volver a sus países de origen y empezar de cero. Esta ley no sólo recompensa a los que violan la ley, castiga a los que la respetan.
Las personas que son verdaderamente "anti-inmigrantes" son los que quieren enviar a ese inmigrante procedente de Eslovenia o las Fiji que presentó su solicitud en mayo de 2005 de vuelta al último lugar de la cola. Pero es que la "reforma integral de la inmigración" tiene que ver con todo menos con la inmigración, incluyendo atacar la soberanía y la seguridad nacional. ¿Recuerda aquella amnistía de 1986? Mahmoud abú Halima la solicitó y se fue a volar el World Trade Center siete años después. Su compañero de fatigas, Mohammad Salameh, el que alquiló el camión, fue rechazado pero siguió viviendo aquí de todos modos. John Lee Malvo fue detenido y liberado por el servicio norteamericano de inmigración en violación de su propio protocolo, reapareciendo con el pseudónimo "El francotirador de Washington". El difunto Mohammed Atta recibió su visado como estudiante de vuelo el 11 de marzo de 2002, seis meses después de que pilotara su primer y último avión comercial.
Toda esta gente logró burlar el sistema de inmigración legal norteamericano. Y ya fueran detenidos, rechazados, aceptados o aceptados de manera póstuma, al final no supuso ninguna diferencia. Porque las autoridades norteamericanas de inmigración no tenían ni idea de quiénes eran estos hombres.
Pero no se preocupe, serán capaces de dar cabida a otros "doce millones de estadounidenses sin papeles" que les enviarán para el procesamiento express. El verdadero "fraude de la inmigración" no es el que cometieron Mahmoud abú Halima, John Lee Malvo o Mohammed Atta, sino el de los políticos que intentaron colgar esta vergüenza de ley a la nación.