Tener que escribir, como es mi caso, columnas de opinión política a diario puede llevar ocasionalmente a algún exceso, por lo general fruto de la urgencia propia del oficio periodístico. Así, y sin ir más lejos, en un artículo reciente que llevaba mi firma se calificó a las elites rectoras de la Cataluña contemporánea de "cleptocracia africana". Una afirmación, ahora soy consciente de ello, por entero fuera de lugar. En consecuencia, quisiera aprovechar estas líneas para pedir perdón a todos los africanos que, habiendo leído la pieza, se hubieran sentido ofendidos, y con razón, por lo muy inapropiado de comparar la realidad de su continente con cuanto por norma acontece en Cataluña.
Pues, hasta donde se me alcanza, ni los hijos del difunto coronel Gadafi, ni la prole innúmera de Idi Amín Dadá, ni los descendientes del bulímico emperador Bokassa, ni los herederos del carnicero de turno que mande ahora en Somalia (no me acuerdo de su nombre) ni sátrapa selvático alguno escribieron jamás una carta abierta a La Vanguardia como la rubricada por Josep Pujol Ferrusola, a la sazón vástago de su padre y de su madre, el 22 de abril de 2002. El contenido de la tal misiva, insisto, constituye algo nunca visto en África. Tras doce años acumulando polvo y olvido en las hemerotecas locales, la acaba de airear el periodista Lluís Basset en La gran vergüenza, su biografía póstuma del patriarca Pujol. Publicada con todos los honores en las páginas de política del diario de Godó, el hijo del presidente de la Generalitat de Cataluña reclama allí su inalienable derecho a hacerse rico con las contratas públicas dependientes del presidente de la Generalitat de Cataluña.
En las páginas de La Vanguardia, repito. A plena luz del día, reitero. "Tengo entendido que este sistema no incluye ningún artículo que prohíba a una empresa donde trabaja un hijo, familiar o amigo próximo de un alto funcionario público presentar una propuesta y, si es mejor, ganar el concurso", argumenta en su escrito el airado Pujol junior, por aquel entonces propietario de un chiringuito llamado Europraxis. El mismo chiringuito especializado en ganar concursos públicos de la Generalitat de Cataluña que luego vendería a Indra por la módica cifra de 44 millones de euros. Nadie busque algo remotamente parecido en África, no lo encontrará. La carta, por cierto, finaliza reclamando una indemnización (sí, han leído bien, una indemnización) para los hijos de altos cargos privados de hacer negocios con la Administración. Porque, entiende el emprendedor Jordi, se debería resarcir "obviamente de forma económica a todo este colectivo afectado por las actividades políticas del pariente dado los perjuicios que se le ocasionan". Perdón de nuevo, África. Mil perdones.