Durante la mayor parte de los 53 años transcurridos desde el veredicto contra la segregación escolar en el caso Brown contra la Junta de Educación, el Tribunal Supremo, en colaboración con personas que creen ser "progresistas", ha estado ordenándonos a los norteamericanos que olvidemos la lección de ese veredicto, es decir, que la raza no debe ser la causa por la que el Gobierno otorgue ventajas o desventajas. La corte comenzó la semana pasada a rectificar su abandono de esa premisa, llevado a cabo en nombre de "la diversidad".
El tribunal dictaminó por 5 a 4 que Seattle, que nunca tuvo segregación escolar, y Louisville, que sí la tuvo pero que hace siete años terminó de implementar medidas correctivas ordenadas judicialmente, deben dejar de utilizar la raza en la asignación de niños a las escuelas para dar lugar a porcentajes raciales determinados en las matrículas. Hay que preguntarse cómo llegamos de esto: "Las distinciones de raza son tan perversas, tan arbitrarias e insidiosas que ni siquiera la defensa de la igualdad ante la ley debe invocarlas en ningún ámbito público" (el escrito presentado por la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y redactado por Thurgood Marshall en el caso Brown contra la Junta de Educación), a que las autoridades locales encargadas de la enseñanza pública tengan por costumbre tener en cuenta la raza en la asignación de los niños a los centros escolares.
En 1978, con motivo del caso Bakke referente a la discriminación positiva en las admisiones a las facultades de medicina, el juez Lewis Powell escribió que las instituciones de educación superior tienen un derecho derivado de la Primera Enmienda –la libertad de cátedra– que les permitía utilizar la raza como factor "añadido" a la hora de diseñar su alumnado de modo que éste tuviera diversidad de opiniones. Así nació la excepción de las "ventajas educativas" a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley. Pero ni siquiera eso justifica que Seattle y Louisville asignen a los niños de 6 años a uno u otro colegio a causa de su raza.
Veinticinco años después de Bakke, en el 2003, el tribunal dio el visto bueno al uso de la raza en las matriculaciones a la facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, porque ese uso supuestamente implica "un examen altamente individualizado y holístico" de los aspirantes. Al mismo tiempo, prohibió a Michigan conceder automáticamente ventajas basadas sólo en la raza, como Seattle y Louisville han hecho tanto en el colegio como en el instituto.
Samuel Alito, Antonin Scalia y Clarence Thomas se unieron al fallo escrito por el presidente del tribunal, John Roberts, que dice: "La manera de dejar de discriminar en función de la raza es dejar de discriminar en función de la raza". Anthony Kennedy, aunque estuvo de acuerdo en que las prácticas de Seattle y Louisville son anticonstitucionales, regañó a Roberts por su oposición "demasiado inflexible" a los programas raciales. Pero en su voto particular concurrente, Kennedy aseguró que "la discriminación positiva en función de raza, cuando es el Estado el que recurre a ella, puede ser la más divisiva de todas las políticas, conteniendo en sí misma el potencial de destruir la confianza en la Constitución y en la idea de igualdad".
Sandra Day O'Connor, al poner negro sobre blanco la opinión de la mayoría en el 2003, aseguró alegremente que dentro de veinticinco años la discriminación racial positiva no sería "necesaria" para promover la diversidad. Pero las preferencias basadas en la diversidad atraen a los ingenieros sociales obsesionados con la raza –una cohorte particularmente numerosa entre los educadores– precisamente porque la excusa de la diversidad nunca expira. Lograr la diversidad es y será siempre un edificio en construcción.
Las políticas "racialmente conscientes" de Seattle fueron ideadas por la clase de gente que proclamaba en la página web del distrito escolar que "tener una orientación futura" (es decir, planificar con antelación), "enfatizar el individualismo en contraposición a una ideología más colectivista" y "definir una forma de inglés como estándar" constituye "racismo cultural" y "racismo institucional", y está basado en "conceptos fracasados como el crisol de culturas y la mentalidad de ignorar el color de la piel".
Stephen Breyer, en un voto discrepante compartido por Ruth Bader Ginsburg, David Souter y John Paul Stevens, ha escrito que el tribunal debe ser respetuoso con esa gente cuando se dedican a barajar a los alumnos en función de la raza. ¿Por qué la raza? Aunque los progres jamás se rebajarían a estereotipar por raza, es evidente que creen que cualquier niño negro o de otra minoría, al margen de lo joven que sea, o de cualquier contexto social, hace una contribución predecible y característica –usted diría estereotípica– a la "diversidad".
Breyer dijo que el veredicto abandonaba "la promesa de Brown". Realmente, esa promesa –una sociedad que no juzgue por la raza– ha sido traicionada por la excepción de la "diversidad" a la igualdad ante la ley. Gracias a ella, las mayorías blancas pueden sentirse nobles mientras tratan a los negros y a ciertas minorías como condimentos –una especie de orégano humano– que espolvorear por el estamento estudiantil para hacer más sabrosa la experiencia educativa de los suyos.
Esta práctica repulsiva merece la advertencia de Clarence Thomas en su voto concurrente con el dictamen de la semana pasada: hay que tener cuidado con las élites impacientes de llevar a la Constitución "teorías sociales de moda". A menudo, son solamente teorías. Como escribió Roberts, Seattle y Louisville no ofrecieron "ninguna evidencia" de que la diversidad que han alcanzado (mediante lo que llama "la sórdido costumbre" de "repartirnos en función de la raza") es necesaria para alcanzar los beneficios educativos "aseverados".
La evidencia está de más. Lo que importa a los obsesos de la diversidad de razas es su apuesta profesional e ideológica de evitar que Estados Unidos llegue a "ignorar el color de la piel".
