Si exceptuamos a los países anglosajones y obviamos la absurda y contraproducente censura que el Gobierno aplica a todo lo concerniente a la Casa Real, España es uno de los países occidentales donde la libertad de expresión política está más protegida. Conviene recordar que en Francia cualquier expresión antirrepublicana o que cuestione la unidad nacional puede ser motivo de sanción. Lo mismo sucede en Alemania y en otros países europeos. Por tanto, las manifestaciones de los últimos días, consentidas tanto por el Gobierno Vasco como por el central, en las que se lanzan gritos a favor de ETA y se exhorta al asesinato, para pasar después al terrorismo callejero para amedrentar a la población, no pueden estar protegidas por ningún derecho humano, y menos aún el de expresión. Los homenajes a terroristas que se vienen celebrando en distintas localidades vascas son actos atentatorios contra el derecho más básico, la vida, de todos aquellos que no estén de acuerdo con los manifestantes.
Tras casi mil asesinatos, varios secuestros e incontables casos de intimidación y extorsión durante treinta largos años, apelar a los derechos y libertades individuales, tal como hacen los nacionalistas vascos y no pocos socialistas, es como mínimo una irresponsabilidad lindante con la simple dejación de funciones de un Estado cuyo primer y más importante cometido es la protección de los ciudadanos contra la violencia y el terror. De no ser así, nos encontraríamos ante lo que los expertos denominan un Estado fallido, incapaz de asegurar la mínima paz social y por tanto ilegítimo. Una triste realidad en otras latitudes y que sin embargo nuestros gobernantes se han empeñado en recordarnos con su laxitud ante los totalitarios del País Vasco.
Aunque sea penoso, no debemos olvidar que hasta hace bien poco incluso José Luis Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta del Gobierno apelaban a este principio para excusar su tolerancia con los proetarras de Batasuna y otras organizaciones pantalla de la banda terrorista, como si su historial delictivo mereciera el beneficio de la duda liberal, algo por otra parte incoherente con un Presidente del Gobierno que se declara “rojo”.
“De aquellos polvos, estos lodos”, como afirma el refranero español, que en este caso no se equivoca. Hechos como los producidos esta semana en el País Vasco evidencian que la aparente política de firmeza del Gobierno contra ETA tras la ruptura de la tregua que nunca fue no es tomada en serio ni siquiera por el propio Ejecutivo, que contempla impasible la violación diaria de los derechos de la gran mayoría de los vascos a manos de una banda de delincuentes –así debe denominarse al que de forma voluntaria opta por amenazar la vida y la propiedad de los otros sin que medie provocación o hecho similar previo por parte del agredido-.
Ante desórdenes de tal gravedad, sólo cabe preguntarse si este indigno lavado de manos de Zapatero se deba tal vez al pago de alguna deuda pendiente, por ejemplo el apoyo del PNV a la ministra Magdalena Álvarez en el Congreso el pasado martes 14 de agosto. También conviene recordar las cálidas palabras del Presidente del Gobierno hacia el nacionalismo vasco, que en los últimos meses ha sido objeto de sus más encendidos elogios, incluyendo la promesa de no olvidar el apoyo recibido por estos partidos.
Sea como fuere, lo cierto es que tanto el PNV como ETA continúan pasando sus facturas a un Gobierno débil e insensato que no duda en pagarlas con creces. Intolerable.
