Posiblemente sea España una de las naciones que más legislación ha producido a lo largo de la Historia. Herederos del Derecho Romano, en menor medida del germánico y con influencias del código napoleónico, desde la Edad Media con su maraña de fueros de aquí y allá hasta el Derecho Indiano, consecuencia del desparrame de los españoles por el mundo entero, hemos generado un sinfín de leyes y normas diversas. El único problema ha sido siempre, y sigue siendo, su cumplimiento. En el imaginario popular está latente la idea cuando surge cualquier conflicto mayor o menor: "Debería haber una ley que impidiera esto o que obligara a aquello..." es el comentario habitual, tanto si el ayuntamiento incumple sus propias ordenanzas de limpieza, urbanismo o mercado; si los violadores se van de rositas o si el presidente del Gobierno, buen vividor el chico, se pega unas ricas vacaciones con cargo al erario público. La solución que propugna el vulgo, de inmediato, es la creación de otra ley.
Y quizás tal norma ya existe, en el terreno que sea, pero si alguien lo sabe se guarda mucho de mover un dedo para aplicarla. El ejemplo más clamoroso de la actualidad es la Constitución, objeto de encendidos ditirambos, tiernas menciones o estruendosos olvidos y arrinconamientos: ley de leyes, pared maestra de nuestro ordenamiento jurídico, piedra angular, cimiento y basa de nuestra sociedad... Añadan cuanta mala poesía quieran y estarán hablando de la Constitución española. Y a su cumplimiento y respeto en los últimos años para qué vamos a referirnos. No obstante, la palabra Constitución –o más bien anticonstitucional– sí brota en casi todos los labios apenas se trata de paralizar cualquier acción que la sociedad española, siempre a las chanchas marranchas, no tiene ganas de llevar a cabo. A la hora de quedarnos quietos somos los primeros, los namber guan, que diría un ministro socialista. Sólo recordaré un caso de estos mismos días.
La corruptela admitida como norma ha venido aceptando el enorme coste humano y material que el tráfico de automóviles ha conllevado desde la generalización en el uso de vehículos por la población. Se encajan sin pestañear los miles de muertos con la naturalidad de las catástrofes ineludibles: eso es así. En 1974 (año más lejano que recuerdo) hubo cinco mil fallecidos y desde entonces, pese al incremento en el número de coches, esa cifra ha ido descendiendo lentamente. Por supuesto, la disminución ha sido mucho mayor en términos relativos (el año pasado fueron tres mil quinientos). La mejora innegable de automóviles y carreteras ha tenido sus inevitables efectos, aunque la existencia de muchos más conductores también ha elevado en números absolutos la posibilidad de tener más irresponsables al volante. Y los tenemos.
El año pasado se implantó el carnet por puntos, con resultados levemente optimistas al principio y más discutibles en este momento. Pero ha bastado el repunte de agosto, cuando aún no se han aprobado las modificaciones legales precisas, para que una legión de protestones a la española –es decir, armando mucho ruido y sin propuesta ni alternativa alguna – se haya lanzado a oficiar el correspondiente aquelarre: el carnet por puntos no vale, el Gobierno se ha equivocado, hay que buscar otras soluciones, Rubalcaba es culpable, la culpa es de las carreteras y etc. En la crítica entran todos y de cualquier tendencia política, sin excepción. Se trata de continuar como hasta ahora: lamentándonos, expresando vivos deseos de mejorar la seguridad vial (¡qué expresión tan cursi!) y organizando lúdicos festejos de niños que aprenden a conducir jugando en carreritas y circuitos de kart: de espíritu burlón y de alma quieta, nos definió Machado, el pobre.
Como ya se habrá percatado el amable lector, el arriba firmante no es un enamorado del Gobierno socialista, pero no podemos aceptar, por principio, que cuanto hagan esté mal, ni que sus objetivos sean invariablemente de índole electorera o intentos de embaucar y fastidiar al personal: más bien me temo lo contrario, que por preocupaciones electoralistas terminen no haciendo nada y dejando las cosas en su prístino estado de caos y pachanga, con un millón de vehículos sin documentación, tal vez otro millón de personas conduciendo tan panchos sin carnet y una red de resquicios legales (otra vez las leyes) que permiten a los más golfos (multitud) eludir el pago de las multas.
Carezco de conocimientos técnicos para dar la solución, que probablemente será compleja y múltiple, pero si –como se esperaba– el carnet por puntos no ha funcionado a la perfección, ahora hay que proveer las medidas legales correctoras, o aplicar las ya existentes, para que esos mil y pico sin puntos dejen de ponernos en peligro. Reformas legales y aplicación con todas las consecuencias. Pero ya tenemos a representantes de asociaciones de automovilistas (que algo llevan en el asunto, claro), de algún partido, de periódicos y del sursum corda dando guerra para volver inoperante del todo el carnet por puntos y conseguir, finalmente, su abolición. El método es el habitual: hablar de otra cosa. El mal estado de muchos tramos de carretera o la inadecuada señalización (limitaciones de velocidad, sobre todo) son ciertos pero relativos y en ningún caso determinantes al cien por cien de los accidentes. Reclamar a este Gobierno (o a los anteriores, también responsables) la mejora de firmes y trazados es razonable y aquí estamos para ello, pero no lo es escamotear una vez más la responsabilidad del tipo que agarra el volante de cualquier manera, con desprecio de vidas y haciendas ajenas. Necesitamos multazos que de verdad se paguen, cárcel para los delincuentes (no merecen otro nombre) que atentan contra nuestra vida o que ya han ocasionado muertes (¿se acuerdan de casos como el de Farruquito?) y dejar rodar el carnet por puntos durante unos años para analizarlo con perspectiva. Aunque ande por medio Rubalcaba. Y esperemos que por poco tiempo.
