El tribunal del 11-M acaba de ordenar la puesta en libertad de Mahmoud Slimane Aoun, uno de los acusados del 11-M que todavía continuaba en prisión provisional.
El hecho de que se decrete la puesta en libertad indica que, o bien el tribunal le considera inocente de los cargos presentados, o bien considera que los delitos de los que es responsable están castigados con una cantidad de años tan baja que no justifica su permanencia en prisión. Por ejemplo, si el tribunal tuviera claro que no le va a sentenciar a más de, digamos, seis años, entonces tiene que decretar su puesta en libertad, porque el acusado habría ya cumplido más de la mitad de la condena.
Básicamente, la acusación que pesaba contra Mahmoud Slimane era que había falsificado diversos documentos de identidad para Jamal Ahmidan. En su escrito de acusación, la fiscal Olga Sánchez solicitaba para él la pena de diez años de cárcel por colaboración con organización terrorista y tres años por falsificación de documentos oficiales con fines terroristas. Como indicios de su colaboración con organización terrorista, el escrito de la Fiscalía señalaba la gran cantidad de contactos telefónicos existentes entre Mahmoud Slimane, por un lado, y Jamal Ahmidan y Abdelilah el Fadual, por otro. En concreto, el escrito menciona los más de cien contactos entre Slimane y Ahmidan en enero y febrero de 2004, y los más de 140 contactos entre Slimane y Fadual entre enero y marzo. La Fiscalía recalcaba en su escrito que muchos de esos contactos entre Slimane y Ahmidan se produjeron en fechas clave, como por ejemplo en vísperas del supuesto viaje a Asturias para el aprovisionamiento de explosivos.
La decisión de poner en libertad a Slimane significa, muy probablemente, que el tribunal no considera probada la existencia del delito de colaboración con organización terrorista, y que, como mucho, sólo le considera responsable del de falsificación de documentos oficiales. Lo cual implica, a su vez, que el tribunal, con buen criterio jurídico, no considera que la mera existencia de conversaciones telefónicas con algún presunto terrorista acredite la colaboración de una persona con una organización terrorista. Está claro que este criterio va a pesar, igualmente, sobre muchos de los indicios de criminalidad que la Fiscalía ha presentado con respecto a otros acusados.
No sabemos si estamos ante la única excarcelación anticipada que el tribunal va a realizar, o si en fechas próximas asistiremos a más excarcelaciones. Lo que la Ley exige es que los jueces decreten la libertad en el mismo momento en que lleguen al convencimiento de que la prisión provisional de un acusado no está justificada, sin esperar a dictar sentencia. Pero, como desconocemos el calendario de las discusiones internas del tribunal, no sabemos si el caso de Slimane es el primero que han estudiado o si ya han llegado a una conclusión sobre los demás acusados.
En cualquier caso, lo que queda claro es que aquella famosa noticia publicada en El País en julio, y que decía que el tribunal ya había terminado sus deliberaciones y había decidido no excarcelar anticipadamente a nadie, no era más que una patraña, como algunos señalamos. O, mejor dicho, era algo más que una patraña, porque lo que se pretendía con ella era tan sólo lanzar un aviso al tribunal: "ni se te ocurra desmentirnos".
Pero parece que sí se han atrevido a desmentir a El País.