Para empezar, descubrirían que salir rebotado de la Unión Europea resulta infinitamente más sencillo que entrar. Y es que el "no" resonaría aún más fuerte que el que escuchó Argelia cuando pretendió seguir formando parte de la CEE tras separarse de Francia. Quiere eso decir que Juanjo no sólo debería trocar el euro por el Arzallus de vellón o el Sabino de bellota, sino que todas infraestructuras y todas las berzas y todas las vacas y todas las serpientes del bosque de euzkos que le mantiene Europa tendrían que pagarlas a escote entre los chicos de la gasolina.
Además, el día que faltase la bandera, automáticamente dejarían de pertenecer a la Organización Mundial del Comercio. Querría esto otro significar que, para alegría de la tropa antiglobalización, los productos made in Euskadi que soñaran colocar a más de cincuenta kilómetros a la redonda de la herriko taberna más próxima serían castigados con el arancel que el Reino de España antojase oportuno. Llegado ese momento procesal, tal vez Juanjo reparara en la insignificancia estadística de que 55 céntimos de cada euro que entra en el País Vasco en concepto de "exportaciones" llevan estampados los colores de la bandera.
Todo eso y más es lo que un estudio de la Universidad Complutense de Madrid ha estimado sobre el precio a pagar el día les faltase la rojigualda. Estudio realizado a partir de una muestra representativa de las empresas que –de momento– mantienen sus sedes en el País Vasco. Y que también ha servido para descubrir que una de cada cuatro se plantearía repatriarse en ese mismo instante. Una huida en masa del paraíso de las boinas caladas que, de entrada, provocaría un desplome próximo al 20 por ciento del PIB vasco.
Asimismo, certifican en él los investigadores de la UCM que Juanjo habría de ingeniárselas para mantener a sus nuevos parados sin manosear el 35 por ciento de, por ejemplo, los beneficios del BBVA o Iberdrola que ahora ingresa en concepto de Impuesto de Sociedades. Por su parte, los aitas de la nueva Euskal Herria resultarían exonerados del rutinario trámite de acercarse al banco cada fin de mes a cobrar la pensión. Porque sus 440.000 jubilados absorberían por sí solos el 70 por ciento del presupuesto actual del Gobierno vasco, una carga financiera insostenible para la Gran Euskadi soberana.
Ya pueden orar, pues, para que jamás les falte la bandera. Que recen y que confíen en que igual que los comunistas nunca estuvieron en la Izquierda sino en al Este, las fantasías de los gudaris no aterricen en el Norte sino en el Limbo. En el de los idiotas, que también existe.