En las democracias se respeta la libertad y también los derechos de las personas. El papel del Estado, siempre represivo, es velar por dichos derechos, no gastar el dinero que nos arrancan con impuestos para burradas tipo ferrocarriles, programas sociales de mentira, burócratas amigos de los partidos, empresas ineficientes que deberían cerrar (lo que nunca ocurre), elevados sueldos de ministros, ejecutivos y parlamentarios ansiosos de royalties y sobres brujos llenos de billetes.
Nos informan que las empresas del Estado andan cada vez peor, algo que sólo sorprende a los socialistas de hace medio siglo o más y a nuestros gobernantes, que por allá se quedaron, sin comprender que la planificación, el estatismo y su ruina resultante ya murieron.
Debo haber escrito unos mil artículos denunciando los robos y abusos, la mala calidad y la ruina macro y microeconómica derivada de las empresas estatales. Nuestros socialistas, incluidos los de derecha, simplemente no logran entender que el progreso lo hace la gente actuando con libertad, en un marco de respeto por las instituciones y de correctos incentivos, como los que el mercado (es decir, toda la gente) viene aprendiendo y experimentando desde hace miles de años. Cuesta mucho encontrar un programa, organismo o empresa estatal –más allá de los destinados a velar por el respeto de los derechos humanos y las reglas de convivencia– que aporte nada al progreso de la humanidad. El Estado benefactor, archifracasado también en Chile, se denuncia hasta en Europa por sus costes, burocracia, servicio malo y caro, generación de incentivos perversos, antitrabajo y antiemprendimiento.
En Chile tenemos una cleptocracia que privilegia a la burrocracia ociosa del régimen con pegas, contratos, becas, premios y crecientes privilegios, en desmedro del resto, que paga impuestos. Y con el cuento de "lo social" y de un gasto público que "tiene que aumentar más que el producto" se debilitan los empleos, el crecimiento y la igualdad de oportunidades. Más aún cuando a los cargos burocráticos y a los favores públicos acceden sólo los "progresistas".
El gasto público hay que congelarlo y racionalizarlo, cerrando todo lo inútil, algo nunca visto en Chile. ¿Me podrían señalar para qué ha servido el enorme gasto público desde 1990 hasta ahora? No hay más educación de calidad y la sanidad está cada vez peor. El innegable mejor nivel de vida de los pobres (con trabajo) es, simplemente, por el mayor crecimiento de la economía, algo normal en el mundo moderno, y que en Chile ya lleva como 30 años.
Hay que bajar a la mitad los sueldos de parlamentarios, ministros, consejeros, presidentes y altos burócratas y prohibir su reelección, además de poner un impuesto a los primeros cuando aprueben gastos vergonzosos, como los del Transanlagos, ferrocarriles y programas sociales que terminan en coimas, robos o financiación de campañas, es decir, casi todos. Y no más "tenidas oficiales" ni avioncitos (dos) para "turistear" a todo trapo.
¿Se podrán gravar la burrocracia, el deschavetamiento chavista cleptócrata, o el navarroso neosocialismo siglo XXI?
