Algunos hablan de una sensación de caos existente en este Gobierno. Falso. No es una sensación pasajera sino un asunto real. Reina el caos en el Ejecutivo de Zapatero. Es difícil hallar en la historia reciente de España un Gobierno tan desastroso como el actual. Carente de cualquier credibilidad, el presidente se esfuerza por dar unos datos falseados que maquillen su pobrísima gestión. Los ministros mienten descaradamente. La gestión de algunos ministerios, por ejemplo, el de Fomento, es una catástrofe total. Algunos ministros hacen propuestas descabelladas. Pero, ay, esta gente no da puntada sin hilo. Este Gobierno tiene, ay, un objetivo fijo y no se salen del guión.
En efecto, detrás de todo ese desbarajuste y caos, hay un objetivo permanente: laminar a la oposición, a la alternativa política, después de haberla estigmatizado y demonizado. Esto se hace a través de todas las vías del poder, pero hay un camino que, a veces, estamos tentado de llamar "golpe institucional", casi golpe de Estado, que persiste siempre en hacer depender todo el poder judicial del Ejecutivo. Vivimos, sí, instalados en los límites de un autogolpe de Estado permanente. Las ocurrencias totalitarias de cualquier ministro pueden convertirse mañana en un estacazo terrorífico contra una institución democrática. Nada es gratuito o para asustar en este Gobierno. Todo se ejecuta con el rigor mortis que caracteriza a un gobierno totalitario, o sea, todo es empeorable.
Se da, por ejemplo, un golpe de muerte a la Constitución con la aprobación del Estatuto de Cataluña, pero, además, se remata la faena con un tiro de gracia, o sea, es menester recusar por parte del Gobierno a dos magistrados del Tribunal Constitucional por si acaso dijeran que es, como todo el mundo sabe, inconstitucional. Si ese ejemplo no es suficiente para comprender el "golpe de Estado" suave y postmoderno de este Gobierno, entonces analícese la reforma llevada a cabo del Estatuto fiscal y comprobaremos fácilmente que el Fiscal General del Estado es casi un déspota al servicio del Gobierno. Así pues, no me extrañaría nada que desapareciese el actual sistema de oposiciones, más o menos objetivo, para la selección de jueces y fiscales y en su lugar apareciese un comité de expertos socialistas que nombrase por la cara a los próximos jueces y fiscales de España.
En este contexto de demolición de la democracia, y muy especialmente de ataque a la justicia, lejos de extrañarme la reacción crítica de Zaplana contra el Gobierno, más me preocupa que quizá llegue tarde y, sobre todo, no suficientemente apoyada por otros dirigentes del PP. En todo caso, bienvenida sea esta interrupción de cualquier tipo de relación con el PSOE en materia de justicia.
