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¿Cómo podemos reconocer a un aspirante a populista? Es muy fácil, simplemente prestemos atención a los argumentos con los que pretende seducir a los electores. Si sus caballos de batalla son machacar insistentemente en la corrupción –real o supuesta– de los partidos que antes gobernaron al país, tiñendo toda decisión política con un manto de sospecha y, además, se autoproclama el "paladín" de los trabajadores, entonces tenemos a un claro candidato a populista.
Este tumor maligno no puede anidar en cualquier parte. Por ejemplo, el norte de Europa y Suiza parecen resistentes a esa enfermedad, mientras que Latinoamérica ha demostrado ser muy vulnerable.
Lo importante es entender que esa diferencia abismal no es casualidad. Si el populismo arraiga en algunos suelos con facilidad es porque allí las condiciones son propicias a su surgimiento y desarrollo. Para que el discurso populista "prenda" es necesario que las prácticas corruptas realmente estén extendidas y que la gente sienta que la riqueza no depende del esfuerzo personal, sino de tener buenos contactos políticos. De esa manera, los habitantes se convencen que es el poder político el que determina "a dedo" quiénes serán los ganadores y perdedores en el reparto de la torta estatal. Y es lógico que los que hasta ahora han estado relegados en la repartición de prebendas se pregunten: ¿por qué yo no?
Veamos con un ejemplo actual cómo es el mecanismo que hace funcionar a ese engranaje.
El presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, trató en tres ocasiones de conquistar la primera magistratura. En sus discursos, como forma de diferenciar al Frente Amplio de los demás partidos políticos, solía remachar: "Podremos meter la pata, pero nunca la mano en la lata". Finalmente logró persuadir a una mayoría suficiente de ciudadanos y en 2004 ganó las elecciones nacionales por una abrumadora mayoría.
El tiempo nos ha demostrado una vez más que "del dicho al hecho suele haber un gran trecho". En los últimos meses, altos funcionarios del Gobierno uruguayo han sido acusados de gestionar irregularmente dineros públicos para favorecer a allegados, amigos y ciertas empresas.
El partido gobernante tiene el control de ambas cámaras. Por eso, la bancada de diputados oficialista resolvió por unanimidad no acceder a la petición de la oposición de formar una comisión de investigación sobre estos hechos.
Asimismo, cuando recientemente el Tribunal de Cuentas observó que el contrato de asociación de la aerolínea estatal con empresarios privados "se aparta del orden jurídico vigente", la reacción del ministro encargado fue descalificarlo. La situación se tornó alarmante porque envió a la Asamblea General duras críticas a las observaciones que le hizo el Tribunal, invocando el artículo 211 de la Constitución, que dice exactamente lo inverso de lo que el ministro pretende. Su clara intención es pasar de ser el justificadamente "vigilado" a ilegítimo "controlador".
Como si esto fuera poco, hay preocupación por normas incluidas en la Ley de Rendición de Cuentas que violan el principio de separación de poderes y atribuyen al Estado privilegios injustificados. Resulta que últimamente varios fallos judiciales ampararon reclamos laborales en contra del Gobierno. Estos hechos llevaron a que la bancada oficialista aprobara dos artículos con el objeto de cambiar retroactivamente la jurisdicción de los juicios laborales en los que el Estado es parte a otra que le es más favorable.
Lo más triste de esta historia es que si bien el diagnóstico de las dolencias que nos aquejan es acertado, el pueblo no se da cuenta que el remedio propuesto por el populismo es el origen de nuestras desgracias.
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