Enel y Acciona son ya los nuevos dueños de Endesa, pero el culebrón en torno a la eléctrica española dista mucho de haber concluido. El Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid acaba de pedir a la CNMV que le remita las actas, los certificados de los acuerdos adoptados y los informes técnicos incorporados a las reuniones que celebraron el pasado 2 de abril tanto el comité ejecutivo como el consejo del supervisor de los mercados financieros. Ese día fue cuando la Comisión trató la posibilidad de sancionar a Enel y Acciona por sus actuaciones durante la opa de E.On sobre Endesa, posibilidad que rechazó provocando con ello la dimisión de su presidente, Manuel Conthe.
Aquellas actuaciones fueron más que irregulares, hasta el punto de que Conthe denunció, apoyado por dichos informes técnicos, que violaban el artículo 60 de la Ley del Mercado de Valores. Es más, Conthe denunció también las presiones del Gobierno para que no se sancionara a ambas compañías. Ahora, sin embargo, tenemos la posibilidad de empezar a conocer realmente la verdad. Una verdad en la que la larga mano de Moncloa se hace cada vez más presente.
La petición del magistrado instructor viene determinada por la denuncia presentada en su momento por el sindicato Manos Limpias contra Miguel Sebastián, Carlos Arenillas (vicepresidente de la CNMV), la directora general del Tesoro Soledad Núñez y el actual director de la Oficina Económica del Gobierno y sucesor de Sebastián en el cargo, David Taguas. Por supuesto, todo esto son diligencias previas y todavía no hay sentencia firme, pero el hecho que el juez se interese por saber qué ocurrió exactamente ese día pone de manifiesto las sospechas existentes acerca de los movimientos llevados a cabo por Moncloa a favor de Enel y Acciona y en contra de E.On. En este sentido, conviene recordar que Carlos Arenillas llegó a la CNMV respaldado por Sebastián, quien quiso que su protegido fuera el presidente del supervisor de los mercados. Según Conthe, Arenillas actuó en todo este asunto, y en todo momento, a las órdenes de Moncloa. Ahora podrá saberse la verdad. Tres cuartos de lo mismo ocurre con Soledad Núñez, colocada en la Dirección General del Tesoro por Sebastián, auténtico jefe de un clan cuya finalidad ha sido la de tratar de controlar todos los elementos de la supervisión del sistema financiero español, aunque, afortunadamente, el Banco de España se le ha escapado de las manos. Taguas también pertenece al clan y, de hecho, fue el propio Sebastián quien le promovió como sucesor. Contra este clan está dirigida la denuncia de Manos Limpias que, de momento, ha desembocado en la petición del juez a la CNMV para que ésta remita la documentación requerida.
Esos documentos son clave para determinar hasta qué punto la Comisión actuó con independencia o si, por el contrario, y como denunció Conthe, lo hizo al dictado de las instrucciones emanadas desde Moncloa. Eso es algo que ahora tendrá que dilucidar el juez pero lo que si parece claro, por el momento, es que las denuncias que realizó el ya ex presidente de la CNMV al abandonar el cargo ni mucho menos carecen de fundamento. Ello exige que se proceda a una catarsis en el supervisor de los mercados financieros –esa catarsis que Conthe anunció recientemente– aunque el proceso judicial se encuentre en estos momentos en fase de diligencias previas. Esa catarsis es necesaria porque, diga lo que diga el juez, las sospechas sobre la CNMV no hacen aumentar y la CNMV no solo tiene que ser independiente, que parece que no lo ha sido, sino además parecerlo.
Además, las diligencias del juez instructor vuelven a poner el dedo acusador sobre el Gobierno, concretamente sobre Moncloa. Por supuesto, el Ejecutivo niega la mayor, pero la realidad es que los indicios en su contra se acumulan, lo mismo que los testimonios que hablan de intervención directa de Moncloa, de reuniones celebradas allí para frenar a E.On, etc. Nadie ha querido dar explicaciones al respecto ni desde el Gobierno, ni desde el entorno de Sebastián. Posiblemente, ahora no tendrán más remedio que hacerlo ante el juez.
