Me acusan últimamente de adoptar posiciones diferentes según la lengua que uso en mis artículos. Por supuesto, no es así. Lo mismo que sostengo en la columna que están a punto de leer –y que es una traducción de la publicada originalmente en catalán en el diario e-noticies– lo sostuve en la COPE. Y hoy aquí.
En realidad no me preocupan esas acusaciones, sino el éxito del nacionalismo al identificar idioma con ideología, una verdadera catástrofe para la lengua catalana. En catalán se tiene que poder ser nacionalista, no nacionalista y hasta anti nacionalista. Que el catalán "suene" ya siempre a lo primero es muy alarmante.
Por otra parte, en castellano, y en Libertad Digital, he condenado el boicot a los productos catalanes (con el apoyo de otros opinadores de la casa) y he defendido la unidad de la lengua catalana. Pero los nacionalistas no renuncian fácilmente a sus caricaturas.
Como sólo persigo ilustrar la tesis defendida supra, he optado por la traducción literal (incluyendo el taco, más expresivo y menos duro en catalán), y sacrificado la prosodia castellana. Sacrificio tan grande que no volveré a pasar por él.
Del juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional uno espera más sensatez y más coherencia. O bien los acusados pueden declarar en cualquiera de las lenguas oficiales de España, o bien no pueden. No es admisible que una cuestión tan sensible quede sometida a la improvisación del juez, a la arbitrariedad.
Ahora, el foco de atención se ha desplazado de los actos juzgados a las cuestiones de procedimiento. El disparate es acumulativo. De entrada, Vázquez Honrubia invoca con escasa fortuna el artículo tercero de la Constitución, que se resume en el deber que tiene todo español de conocer el castellano, y en su derecho a usarlo, a hablarlo. De acuerdo con esto, el juez no tenía que poner intérprete a los acusados para que entendieran a sus interlocutores (deber de conocer), pero tampoco podía obligar a los acusados a hablar en castellano (derecho a hablarlo). Por consiguiente... tenía que poner intérprete.
¿Por qué? Pues porque sin intérprete se puede vulnerar el derecho a la defensa cuando los acusados optan, como hicieron, por hablar en catalán. Se ha enviado un mensaje terrible: hay intérpretes para los etarras, pero no para ellos. Es decir, si en vez de haber quemado una foto del Rey hubieran quemado al Rey, quizá sí habrían tenido intérprete.
En fin, una contrariedad más para quienes denunciamos las políticas educativas de la Generalidad, que incumplen la ley y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto a la obligación de permitir a los padres escoger la lengua de educación de sus hijos. Una adversidad más para quienes rechazamos las sanciones a los comercios catalanes por razones de lengua. ¡La improvisación de la Audiencia Nacional, la discriminación en este caso del catalán, tendrá cien veces más eco que nuestras quejas, cojones! ¿Es que no lo entienden? Qué país, Señor...
