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Columna publicada el 28-01-2008
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha embarcado en una deriva peligrosa de promesas con cargo a los presupuestos, como si las cuentas públicas pudieran soportarlo todo sin que la estabilidad presupuestaria se vea afectada. De hecho, los juegos presupuestarios se han convertido en uno de los principales caballos de batalla de la precampaña socialista, hasta el punto de que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se atrevió el pasado viernes a avanzar el resultado final del superávit presupuestario en 2007 con el fin de eclipsar los malos datos que arrojó la Encuesta de Población Activa. Y ahora, De la Vega dice que la promesa que acaba de lanzar Zapatero de devolver a los españoles 400 euros del IRPF se ejecutará en junio, y no con carácter inmediato, por razones técnicas. Sea cual sea la naturaleza de los impedimentos que fuerzan al Ejecutivo a retrasar el cumplimiento de una promesa que lo único que busca son votos a través de estómagos agradecidos, lo cierto es que esta propuesta, lo mismo que todas las que está haciendo el PSOE en materia de gasto público es tremendamente irresponsable a la luz de la actual coyuntura económica.
De la Vega dijo el pasado viernes que el superávit presupuestario de 2007 sobrepasaba el 2% del PIB, muy por encima del objetivo del Gobierno. Con ello, la vicepresidenta política quería dar a entender que las cosas en la economía española marchan mucho mejor de lo que dicen la oposición y los expertos y que el Ejecutivo está llevando a cabo una política presupuestaria sensata, acorde con las necesidades de reducir la inflación y capaz de soportar todo cuanto se le ocurre prometer a un Zapatero que ya ha dicho por activa y por pasiva que seguirá impulsando el gasto social mientras haya superávit.
Ese superávit del que alardea el Gobierno, sin embargo, tiene trampa. En parte se ha conseguido gracias a los importantes beneficios cosechados por el Banco de España con la venta de buena parte de sus reservas de oro y, en parte también, porque al incrementarse de forma tan drástica los precios del petróleo y los alimentos, se ha disparado la recaudación por IVA, un impuesto que se aplica sobre los precios finales de consumo. Sin estos elementos, difícilmente el Ejecutivo podría haber alcanzado semejante superávit e, incluso, cumplir con su objetivo.
De cara al año que viene, el Gobierno no podrá contar con esos ingresos, lo que, de entrada, pone en tela de juicio esa capacidad de financiar promesas electorales que Zapatero atribuye a dicho superávit. Pero, además, la economía española se encuentra inmersa tanto en una fase de pronunciada desaceleración económica, que reducirá el ritmo de crecimiento de los ingresos fiscales, como de incremento del paro que, además de frenar la recaudación tributaria, incrementa los gastos a través de las prestaciones por desempleo. Para completar el cuadro, lo que necesita la economía española para frenar la inflación y acabar con el diferencial de precios con la UE es un mayor superávit presupuestario. Pues bien, con semejante telón de fondo es imposible que Zapatero, si gana las elecciones, pueda cumplir sus promesas electoralistas y, además, ejecutar una política económica que saque a la economía española de la crisis en la que se está metiendo a pasos agigantados.
Lo que hace falta en estos momentos son propuestas que den confianza y credibilidad en la economía española, no francachelas electoralistas. Pero Zapatero se ha embarcado en una dinámica que va justo en la dirección contraria y la pregunta que cabe hacerse al respecto, si vuelve a gobernar, es qué primará en su agenda, si superar la crisis cuanto antes o el cumplimiento de unas propuestas tan irreflexivas como alocadas que agravarán los efectos de la crisis aún más.
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