No es un tópico afirmar que estas elecciones son las más importantes en la historia de nuestra democracia. Deseamos que la jornada electoral transcurra con normalidad y esperamos que el derecho al sufragio se ejerza con responsabilidad y teniendo en cuenta las consecuencias del apoyo a una u otra opción.
A menudo se señala que una de las ventajas de nuestra constitución reside en su flexibilidad, que permite la aplicación de un amplio abanico de políticas sin que ninguna ponga en crisis el sistema. Sin embargo, esta utilidad teórica se convierte en un problema práctico cuando la acción de gobierno está encaminada a minar los principios constitucionales. Si a esto le sumamos un régimen de control constitucional demasiado dependiente de las mayorías temporales, el resultado es una democracia desprovista de los resortes necesarios para responder a un asalto dirigido a socavar el Estado de Derecho y el imperio de la ley.
Diversas iniciativas de esta última legislatura han sido contestadas por buena parte de la población porque consideraban que ponían en riesgo algunas de las premisas sobre las que se asienta la Constitución. En concreto, se ha señalado que la reforma del Estatuto catalán minaba la "soberanía nacional" y la "indisoluble unidad de la Nación española".
Asimismo, el giro en la política de seguridad ha significado una ruptura del consenso que había prevalecido hasta ahora. En estos últimos años, ETA ha recuperado el poder político perdido en legislaturas anteriores y recibido una legitimidad que rechaza la inmensa mayoría de los españoles. Antes de votar, conviene reflexionar sobre la amenaza que supone para los derechos fundamentales la existencia de grupos armados dedicados al asesinato y a la extorsión, y qué tipo de política resulta más eficaz para acabar con la violencia sin dañar la nación, la democracia y las libertades de todos.
Esta legislatura también ha estado caracterizada por otras polémicas referentes a la libertad de enseñanza, ideológica, de expresión y de empresa, principios que a juicio de algunas instancias judiciales y de la Unión Europea se han visto mermados por reformas y acciones del Gobierno.
Además, el aumento del desempleo y la crisis de la construcción podrían afectar severamente la estabilidad de nuestro sistema financiero y sumir a España en una larga fase de retroceso económico. Negarlo constituye un peligro cierto para los proyectos vitales y profesionales de muchos millones de trabajadores y empresarios.
Frente a la continuidad del camino que se ha seguido durante estos últimos cuatro años, postura defendida por varios partidos, hay otras formaciones políticas –de izquierdas y de derechas– que ofrecen el retorno a unas prácticas y reglas que a nuestro juicio es necesario recuperar a fin de afianzar la democracia, garantizar la igualdad de derechos de los españoles y afrontar las dificultades económicas con realismo y mesura.
Ante la variedad de propuestas, lo más deseable es que los votantes hagan un balance de estos últimos cuatro años y piensen qué modelo es el que tiene más posibilidades de ayudarles a resolver sus problemas sin crearles otros y qué opción les permitirá alcanzar mayores cotas de libertad individual, seguridad y prosperidad económica. Votar por costumbre, porque sí o porque los políticos insisten en que lo hagamos no es sinónimo de apoyar la democracia, como se ha venido diciendo estos días. Y es que el voto es un derecho, pero también una responsabilidad. No es el mero uso de nuestra libertad lo que garantiza su supervivencia, sino la manera en que la ejercemos.
