En 1999 Gaspar Llamazares tomó las riendas de un partido de ámbito nacional con dos millones y medio de votos y 21 escaños en el Congreso de los Diputados. Nueve años después lo ha dejado con menos de un millón de votos y dos escaños, de los cuales uno pertenece a Iniciativa per Catalunya. Estos son, de un modo somero, los grandes números de su gestión. La coalición creada en los años 80 en torno al Partido Comunista está al borde mismo de su desaparición política y, como inevitable corolario de esto último, inmerso en la ruina económica.
Las razones por las que Izquierda Unida se ha visto abocada a esta suerte son de índole muy variada, pero la principal es que se ha quedado sin programa, sin discurso y sin objetivo propio. Fagocitados los tres por el PSOE, el papel de la coalición ha quedado reducido a mera comparsa, algo que poco o nada atractivo resulta para los votantes. El proceso ha sido, además, voluntario. La estrategia seguida por Llamazares desde el mismo momento en que llegó a la secretaría general ha consistido en alinearse sin fisuras con los socialistas; primero en la oposición y luego, contra toda lógica, en el Gobierno. Este planteamiento en una formación política que aspira a ser la tercera fuerza nacional y que padece como nadie los rigores de la Ley D'Hont es suicida por definición.
El panorama no puede ser más sombrío para los que hereden el desastre cocinado con esmero por Llamazares. Privados de grupo parlamentario propio y con una deuda que asciende a ocho millones y medio de euros, el futuro de Izquierda Unida es, cuando menos, preocupante. Los que vengan se encontrarán ante sí una difícil disyuntiva: o consuman la entrega al PSOE –y antecedentes hay– o relanzan la formación inspirados en un proyecto político distinto, atado a la realidad y con los ojos puestos en quiénes son sus verdaderos adversarios.
