La persecución del Gobierno a los medios de comunicación privados e independientes es una constante en el mandato de Hugo Chávez. También lo es el dominio, cada vez más creciente, de canales de televisión y de emisoras públicas y comunitarias alternativas, las cuales están siendo financiadas con fondos del Estado para representar y promocionar a una minoría política que ostenta el poder.
El objetivo de este control fue claramente definido, a finales de 2007, por el ministro Andrés Izarra, cuando anunció que el "proceso" buscaba la "hegemonía comunicacional". Más recientemente, indicó que "la incorporación del Sistema Público de Medios Alternativos Comunitarios debe ser un pilar fundamental de este reimpulso de la estrategia comunicacional de nuestro proceso".
El Gobierno intenta poner en movimiento un sinfín de medios alternativos y comunitarios de comunicación (radios y televisoras comunitarias, periódicos, revistas, páginas web y otras modalidades), a fin de enfrentar los "ataques mediáticos contra el proceso". Incluso, como parte del Sistema Nacional de Medios Públicos se ha creado un nuevo ente "técnico" diseñado para competir con los medios privados, la Red TV, responsable de los equipos de transmisión de todos los canales del Estado, entre los cuales estarán seguramente los equipos confiscados ilegalmente a RCTV.
El objetivo de esta hegemonía comunicacional se reveló, como nunca y en toda su extensión, el domingo 16 de marzo cuando en la frontera colombo-venezolana se realizaba uno de los eventos artísticos de mayor relevancia en pro de la paz en el hemisferio, al que asistieron más de 70.000 personas provenientes de Colombia, Ecuador y Venezuela. Ese Concierto por la Paz fue convocado por el cantautor colombiano Juanes en respuesta al estado de preguerra generado por Venezuela, a raíz del conflicto entre Colombia y Ecuador por la muerte del narcoterrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes.
Ese domingo, mientras la gran mayoría de los canales de televisión de América Latina transmitían el Concierto por la Paz, todos los medios del Estado venezolano controlados por el Gobierno, incluyendo Telesur, hicieron el más descarado apagón informativo. Este veto a un evento que perseguía llevar un alegre mensaje de paz no sólo a los latinoamericanos sino a los ciudadanos del mundo, constituye una flagrante violación al derecho constitucional de acceder a la información oportuna y veraz de los venezolanos. Además, como lo escribió Tulio Hernández, en el diario El Nacional, es "un gesto de indudable falta de ética periodística y de sectarismo ensañado".
Además, este querer silenciar lo que no es posible silenciar por el dedo presidencial evidencia que los juramentos de Paz de Chávez en República Dominicana son como los cantos de sirena, puro espejismo. De ahí su precaución de no mostrar a su público cautivo ese simbólico e histórico llamado a la paz.
