Lo que se atisbaba con la aprobación del Estatuto y la influencia creciente del PSC sobre el PSOE ya está aquí. Los socialistas catalanes, conscientes de que, sin su aporte de escaños, Zapatero no sería presidente, quieren cobrarse la primera letra de la victoria socialista del 9-M poniendo en marcha la parte mollar de su programa. Ésta, que es común a la de partidos independentistas como ERC o CiU, consiste en equilibrar la balanza fiscal entre Cataluña y el resto de España tomando como modelo el sistema vasco de financiación autonómica.
El partido de Montilla que es a todos los efectos –menos a los electorales– una formación política independiente con agenda y objetivos propios, aspira con esta medida a un grotesco contrasentido: que una de las regiones más ricas de España no sólo no aporte, sino que reciba de las más pobres. Para los nacionalistas catalanes, expertos en mirarse el ombligo y en cargar sobre España todos sus problemas, un esquema semejante sería lo más parecido al nirvana. Para el resto de españoles, sin embargo, constituiría un problema económico de envergadura.
De llevarse a cabo la propuesta, Cataluña aportaría a la caja común un 70% menos, lo que implicaría que el resto de comunidades verían mermada su financiación por habitante en un 17%. Esta es, exactamente, la clase de insolidaridad a la que nos referíamos cuando desde esta tribuna criticábamos el Estatuto catalán durante la pasada legislatura. Advertidos estábamos.
