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EDITORIAL

Bermejo pone a la Justicia al borde del abismo

Ni el igualitarismo ni la tan llevada democracia radical que aparentemente defienden el presidente del Gobierno y su ministro parecen importarles cuando la remuneración no depende de la valía y la preparación, sino de lugar de residencia

No seremos nosotros quienes apoyemos una huelga en los servicios públicos, y menos aún la de los funcionarios de Justicia dependientes de la Administración Central, que en dos meses ha creado una situación gravísima en instancias tan importantes como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. La actitud de los trabajadores no sólo deteriora aún más el maltrecho sistema judicial español, sino que constituye una peligrosa amenaza para la seguridad y la protección efectiva establecidas en el capítulo de Derechos y Libertades de la Constitución. A los últimos y alarmantes errores detectados en el funcionamiento de los tribunales, se suma un paro provocado por la postura arrogante y chulesca de un ministro incapaz de atender un conjunto de reivindicaciones justas y razonables sin insultar a quienes las hacen.

Así, los funcionarios exigen la paulatina igualación de sus salarios con los de sus homólogos dependientes de las Comunidades Autónomas, cuyos sueldos se sitúan hasta un 60% por encima que los de los primeros. La brecha salarial es tanto más alta cuanto menor el sueldo base de los trabajadores, algo que en teoría debería repugnar a cualquier sensibilidad progresista, como la que dice poseer el ministro Fernández Bermejo, que ya no debe ser de izquierdas porque no actúa como tal. A este respecto, cabe recordar que esta escandalosa discriminación es común a otras colectividades como la policía y el personal sanitario y educativo que todavía está a cargo de sus respectivos ministerios. Ni el igualitarismo ni la tan llevada democracia radical que aparentemente defienden el presidente del Gobierno y su ministro parecen importarles cuando la remuneración no depende de la valía y la preparación, sino del lugar de residencia.

Poco queda de aquella campaña de anuncios institucionales, el célebre "Gobierno de España" hipócrita y oportunista, diseñado para ocultar a los ciudadanos la dejación de funciones de un Ejecutivo que no ha hecho sino fomentar la conversión de nuestro país es un mosaico de desigualdades en virtud del peculiar concepto de la territorialidad dictado por los nacionalistas.

Mención aparte merecen las formas de Fernández Bermejo, mezcla de incontinencia verbal e histrionismo hueco detrás de los cuales sólo hallamos el autoritarismo cerril y la jactancia de otros tiempos. Un comportamiento soberbio y petulante, impropio de una persona que una vez prometió por su conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones de un cargo que nunca debió ocupar y que en las últimas horas se afana por mantener.

A la ineptitud del ministro se suma, para desprecio de todos los usuarios de una justicia herida por la fuerza combinada de la incompetencia gubernamental y el desvarío nacionalista, la vaguedad del presidente del Gobierno, quien hasta la fecha no se ha pronunciado con claridad sobre el conflicto ni ha hecho nada para tranquilizar a los ciudadanos. Compete a la oposición no perder ni un segundo más y demandar una respuesta de Rodríguez Zapatero, que no puede ser otra que la sustitución del ministro de Justicia por otra persona que reúna las mínimas condiciones de capacidad para formar parte del Gobierno de la nación. La torpe gestión de Fernández Bermejo ha colocado a la Justicia al borde del abismo. El presidente del Gobierno mira a otra parte.

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