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EDITORIAL

Menos mal que no hay crisis

Una vez analizadas, el conjunto de medidas económicas adoptadas deja bien claro el error que hemos cometido volviendo a colocar en la Moncloa a Zapatero y en la vicepresidencia económica a Pedro Solbes.

Como regla general, revelan mucho más las acciones que las palabras; no hablemos ya en los políticos. Así, por más que el Gobierno se empeñe en negar que no hay crisis, sino una mera desaceleración, el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno y que suman 10.000 millones de euros a otros 24.000 aprobados anteriormente (en total un poco más de 5 billones y medio de pesetas) parecen un poco excesivas para una pequeña ralentización del crecimiento. Un montante semejante dice mucho más que todas las palabras de Zapatero y Solbes juntas.

Una vez analizadas, el conjunto de medidas económicas adoptadas deja bien claro el error que hemos cometido volviendo a colocar en la Moncloa a Zapatero y en la vicepresidencia económica a Pedro Solbes. Siempre se ha querido destacar de este último la confianza que genera en los inversores, más que nada por recuerdo de su etapa como comisario en Bruselas. Sin embargo, es un técnico forjado en la fragua del keynesianismo, y no se aparta de él ni aunque la realidad le dé mil bofetadas.

Así, las medidas más importantes, al menos en lo que a dinero se refiere, pertenecen al género de las denominadas anticíclicas. Según la teoría keynesiana, las crisis se producen cuando no hay suficiente demanda, de modo que el Estado debe suplir ese déficit gastando a mansalva. Y eso ha decidido hacer Solbes, adelantar gasto público en infraestructuras y aumentar la construcción de vivienda protegida para así paliar ese supuesto déficit de demanda. Sin embargo, las crisis no se producen por esa razón, sino por un exceso de inversiones a largo plazo estimulado por unos tipos de interés excesivamente bajos, que al subirse ponen de manifiesto los errores cometidos, que deben liquidarse para que la economía pueda reconstruirse sobre bases más sanas. Lo que pretende hacer Solbes es perpetuar esos errores un poco más, alargando la crisis y retrasando la recuperación. Además, para hacerlo, tendrá que incurrir en déficit público y por tanto financiarse con el dinero de los inversores que tanto necesita el sector privado.

Otras medidas sí son dignas de aplauso. El adelanto de la supresión del Impuesto de Patrimonio llega demasiado tarde; un anacrónico impuesto a la riqueza que pagaban mayoritariamente las clases medias, pero no está claro que vaya a tener muchos efectos sobre la crisis. Tampoco el alivio momentáneo de los 400 euros, aun suponiendo que finalmente lleguen a todos, permitirá más que pagar parte de una letra de hipoteca a quienes se encuentren con el agua el cuello. Buena parte de los compradores de vivienda ahora con problemas tuvieron que suscribir hipotecas a 30 años, de modo que la opción de refinanciarlas gratuitamente en poco ayuda. Pero en todo caso, devolver dinero al bolsillo de los ciudadanos siempre es una buena noticia.

Mucho más criticable es la ampliación de las ayudas a las empresas que están teniendo problemas. No sólo es de justicia que lo mismo que en su día tuvieron beneficios ahora soporten las pérdidas. Es que la crisis sólo finalizará cuando el mercado encuentre un nuevo modelo de crecimiento para España, algo que sólo ocurrirá cuando los recursos que emplean estas empresas queden liberados para otros proyectos.

Pero quizá las medidas más perversas son las encaminadas a acabar con la vivienda libre. Así, aparte de la intención de construir viviendas protegidas a mansalva, Solbes ejercerá de banquero ofreciendo financiación a los bancos pero sólo para la suscripción de hipotecas de vivienda protegida. Es decir, restará financiación al sector privado, que podría ir a hipotecas de todo tipo, para que los bancos se las den sólo a quienes adquieran VPOs. Sin embargo, para que los constructores y promotores acepten ese incremento de construcción de vivienda pública, habrá que subir su precio, como ya ha estado sucediendo estos últimos años. En definitiva, nos encaminamos hacia una nacionalización encubierta de un porcentaje considerable, y creciente, del sector de la vivienda. De modo que, teniendo en cuenta el historial de las empresas estatales, debemos profetizar que las casas del futuro serán pocas, de peor calidad y con todo tipo de restricciones impuestas a los propietarios. Será la herencia que deje esta crisis.

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