El sábado día 10, publicó José Montilla en El País un delicioso artículo en el que clamaba: "La decepción por tanta incomprensión anticatalana es una tentación, pero nuestra responsabilidad es convencer de la utilidad, conveniencia y urgencia de resolver la financiación de Catalunya. Nos la jugamos todos. Catalunya puede negociar, sí; pero ya no puede esperar más". Para el caso de que los demás nos mostráramos renuentes a pagar, el articulista advertía: "El riesgo es grande, porque podría acarrear el desafecto con la política española".
Al parecer, los catalanes, por lo que afirma su presidente, se han cansado de pagar y nos exigen a los demás españoles que adoptemos de una vez el sistema de financiación que impone su estatuto. Si no lo hacemos, nuestra falta provocará en Cataluña "desafecto con la política española", lo que, por otra parte, sería una pena, habida cuenta del mucho "afecto" que por lo español tienen allí sus autoridades públicas.
La situación para ellos se ha hecho insoportable: "Es del todo inaceptable que esta situación perpetúe una injusticia lacerante en la financiación que Catalunya necesita para atender [a] los derechos y necesidades de sus ciudadanos".
Los demás vivimos con tal ignorancia de los problemas de aquella comunidad, que no nos hemos dado cuenta de que los consejeros de la Generalidad llevan mucho tiempo haciendo economías para poder hacer frente a sus obligaciones. Los presupuestos que allí manejan son prácticamente de guerra y, no ya los despilfarros, sino cualquier gasto superfluo es perseguido con tal saña que son frecuentes los ceses fulminantes de los políticos pródigos.
No es de extrañar que el Gobierno catalán se esté hartando de tener que aportar cada vez más dinero a una España que desoye sus justas reclamaciones en materia de financiación: mientras allí se ven obligados a desatender las necesidades más perentorias, en el resto de las regiones nos gastamos alegremente lo que el fisco recauda en la agotada Cataluña.
Sin embargo, con ser elocuentes las palabras de Montilla, las noticias que desde su comunidad nos llegan lo son aun más: durante 2007, la Generalidad tuvo que conformarse con 1580 informes, cuando le eran obviamente necesarios muchos más, porque tan sólo dispuso de 32 millones de euros para ese fin. Las restricciones impuestas por la falta de numerario obligaron a los gobernantes catalanes a solicitar sólo los más urgentes. Se consideraron como especialmente indispensables uno dedicado al cultivo de la chufa, el relativo a la almeja brillante y el que se ocupó del murciélago nana.
Si el resto de los españoles seguimos empeñados en no revisar el sistema de financiación autonómica para que Cataluña reciba los fondos que tanto necesita, informes tan importantes como los mencionados ya no podrán encargarse y el progreso de aquella región española se verá gravemente obstaculizado.
¿Es esto serio? ¿Puede un presidente autonómico exigir la revisión del sistema de financiación de su región alegando que están desatendidos sus ciudadanos y estar mientras tanto despilfarrando el dinero de los contribuyentes en semejantes informes? ¿Puede hacerlo además con gesto adusto y tono amenazante? Puede, puede. Y lo peor está por llegar. Y el PP, tocando el violón.
