La mayor parte de los grandes problemas a los que nos enfrentamos están provocados por los políticos, que se dedican a inventar soluciones para problemas que crearon ellos mismos. Tanto ellos como un porcentaje considerable de la opinión pública pasan por alto el hecho impepinable de que por cada ayuda que se da, también se crea un coste, o dicho en palabras del premio Nobel Milton Friedman, "nada es gratis". Por más que la persona que recibe la ayuda puede que no pague ese coste o que ni siquiera sea consciente de su existencia, que alguien tiene que acarrear con él es tan cierto como que a la noche le sigue el día.
Vamos a estudiar un par de problemas creados por el Congreso. La Ley de Reinversión Comunitaria de 1977, reforzada durante las administraciones Clinton y Bush, es una ley federal que obliga legalmente a las entidades financieras, o las intimida, a ofrecer crédito a todo el mercado y les disuade de limitar sus servicios crediticios a los sectores de mayores rentas. Esta norma insta a bancos y entidades de ahorro a extender los denominados préstamos "sin aval" y "del embustero" a clientes que carecían de capacidad para pagarlos. Una década de expansión monetaria por parte de la Reserva Federal fomentó que las instituciones crediticias asumieran riesgos que de lo contrario no habrían corrido, además de fomentar la propia burbuja inmobiliaria. Las medidas del Estado crearon la crisis de las hipotecas de riesgo, y ahora las "soluciones" que el Estado propone para los mismos problemas que creó, tales como aplazamientos de embargo, rescates económicos y mayor regulación de las instituciones financieras, generarán aún más.
El Congreso, cumpliendo la voluntad de los ecologistas fanáticos, creó el actual problema de abastecimiento energético. Según estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos en 2002, la prospección petrolífera y gasista en una reducida porción de la plataforma costera de la Reserva Nacional de Vida Salvaje del Ártico en Alaska incrementaría nuestras reservas nacionales disponibles en aproximadamente un 50%. Las zonas costeras de los océanos Atlántico y Pacífico y del Golfo oriental de México disponen de enormes reservas de petróleo y gas natural. Estas fuentes energéticas también han sido declaradas por el Congreso zonas protegidas. A causa de las onerosas regulaciones, han pasado más de 30 años desde que se construyera la última refinería. Regulaciones similares también explican que la producción de energía nuclear norteamericana sea una fracción de la que podría ser.
Las soluciones del Congreso a nuestros problemas de abastecimiento energético no consisten en relajar esas restricciones, sino en la entrada en vigor de la Ley de Independencia Energética y Seguridad de 2007 que dicta por ley que las petroleras incrementen la cantidad de etanol con el que se adultera la gasolina. Cualquiera que posea una pizca de cerebro se habrá dado cuenta de que desviar cosechas destinadas a alimento a su uso como combustible encarece los precios de un conjunto de alimentos relacionados con el maíz, tales como la carne de vaca alimentada con este cereal o los lácteos. Los precios del trigo y de la soja también se han disparado como consecuencia de que ahora se siembran menos hectáreas con estos productos para favorecer al maíz. Un estudio de la Universidad de Purdue revela que en 2007 el programa de etanol costó al consumidor 15.000 millones de dólares en subidas de precios de productos alimenticios. En 2008 el coste será considerablemente más alto. La carestía de la comida como resultado de la industria de los biocombustibles no sólo ha afectado al consumidor norteamericano, sino que ha tenido consecuencias internacionales, como podemos observar en los disturbios por el precio de los alimentos que han estallado en Egipto, Haití, Yemen, Bangladesh y otros países.
¿Cuál es la respuesta del Congreso? El 1 de mayo, el senador Charles Schumer, Demócrata de Nueva York y presidente del Comité Económico Conjunto, convocó una reunión sobre los crecientes precios de la comida diciendo que "la inquietud suscitada por la subida de los precios de la alimentación igualará o sobrepasará las frustraciones y la rabia que tantos americanos sienten con motivo de los altos precios de los combustibles". Las "soluciones" propuestas al desastre energético y alimentario que el Congreso ha creado consisten en un impuesto a los beneficios de naturaleza imprevista que puedan obtener las petroleras, una exoneración temporal de los impuestos a los combustibles durante el verano y el refuerzo de los programas de ayuda alimenticia a los pobres y de ayuda alimentaria exterior. Estas medidas no solucionarán el problema, pero serán muy eficientes creando otros nuevos.
Los norteamericanos están legítimamente enfurecidos por la subida de los precios de la energía y los alimentos, pero su cólera debería dirigirse contra los verdaderos bandidos: el Congreso y la Casa Blanca.
