En el último año los combustibles se han encarecido sustancialmente, como ya sabrá. El litro de diésel ha subido más de un 35%, y la gasolina, un 13%. A pesar del aumento del carburante, la recaudación del Estado en este concepto ha disminuido alrededor de un 5% debido a la contracción de la demanda. Ya sabe, todo por culpa de esa crisis que según Zapatero no existe. Pero evidentemente, el Estado no es el único que se resiente por las consecuencias de esta "desaceleración transitoria ahora más intensa", también sufren las empresas privadas. Comparemos esta situación por separado.
El único fin social que tiene una empresa es obtener beneficios. A diferencia de las obligaciones del Estado, la empresa no ha de mantener la paz ni bienestar social. Las empresas dependen del plebiscito del consumidor. En condiciones de libre mercado no pueden abusar de él porque en caso contrario el cliente se irá a la competencia. Muchas empresas ahora están pasando por un mal momento y no han trasladado los aumentos de costes al cliente hasta que la situación les ha sido insostenible. Uno de los ejemplos que más han estado sonando estas semanas son las compañías aéreas, que han empezado a subir precios ante la imparable subida del crudo. Todo y así, aerolíneas como Iberia ya han anunciado que si su demanda baja mucho, bajará precios, es decir, se comerá más costes aún. Las empresas se amoldan a las necesidades de la gente para que todos, mundo empresarial y sociedad, podamos convivir. Los dos nos necesitamos y los dos nos consentimos mutuamente de forma libre. Pero la relación Estado–ciudadano no es la misma.
Estos días hemos oído la negativa del Gobierno a rebajar los impuestos a los combustibles. Solución que habría sido la más fácil y transparente para todos, tanto para empresarios como para trabajadores y ciudadanos. Las razones que han esgrimido los gobernantes para negarse a la rebaja fiscal han sido básicamente técnicas, pero también económicas. Hace dos semanas ocurrió lo mismo en Francia cuando Nicolás Sarkozy planteó suspender el IVA a los carburantes. Bruselas calificó las declaraciones de "error" y la propuesta se guardó en un cajón.
Con esta crisis estamos viendo que los estados, al no necesitar nuestro plebiscito para nada, se sacan la máscara comportándose como unos tiranos. Curiosamente, los que viven de la economía privada hacen todo lo contrario apretándose el cinturón y así podernos servir. ¿No sería más razonable, en la lógica actual, que fuesen los gobiernos y no las empresas los más comprensivos y flexibles con el ciudadano? Es decir, que recortasen costes, partidas innecesarias y de escaso valor para el ciudadano. En este panorama no tiene demasiado sentido pagar a actores ociosos que viven de cánones privado-estatales, empresas que están fuera del mercado y sólo se alimentan de subvenciones, tiranos de otros países o lobbies. El Gobierno también tendría que hacer una reducción de costes interno como todas las empresas en estado de crisis. Parece haber olvidado todo el mundo que el Estado no es un fin, sino un medio y muy poco eficiente a la luz de los acontecimientos.
Se nos viene encima una situación que está haciendo que nuestro poder adquisitivo se deteriore a una velocidad de vértigo, pero antes prefieren los gobernantes ver una huelga durísima con escasez de alimentos, de combustible, violencia, intentos de asesinato y hasta un muerto que no perder ni un sólo céntimo en recaudación. Nos dicen que no pueden hacer nada por problemas formales y por la enorme burocracia, obligándonos un día detrás de otro a apretarnos el cinturón. Para los políticos las cosas sólo son difíciles e imposibles si repercuten negativamente en los ingresos del Estado. Para ellos no es una cuestión de defender el bien común, sino de mantener y aumentar el dinero y el poder.
Si una empresa se comportase así con sus clientes cerraría a los dos días, epro al Gobierno no le ocurrirá. ¿Cree que le importa lo más mínimo esta situación a los burócratas? ¿Cree que alguien se va a acordar de todo esto en las próximas elecciones de aquí a cuatro años? ¿Qué incentivos tiene el Gobierno en cumplir con sus responsabilidades de proporcionar seguridad y bienestar al ciudadano en un sistema en el que se prima la avaricia gubernamental y ni siquiera hay leyes para castigar la irresponsabilidad política? ¿Es necesario que los gobiernos tengan tanto poder sobre nuestras vidas? Por si alguien lo ha olvidado, son ellos quienes nos han de servir a nosotros, y no al revés.