A estas alturas, el plan de austeridad de Zapatero no tendría más respuesta que la risa si no fuera porque el tema es muy serio. Es un absoluto contrasentido pretender que el Gobierno pueda convertirse de la noche a la mañana en un organismo austero, eficiente y prudente cuyo único objetivo sea servir al ciudadano.
Una de las principales críticas que recibe recurrentemente España es la fuerte rigidez burocrática que impide hacer nada. Si la solución a los problemas económicos está en la reducción de leyes absurdas contra el libre comercio y el descenso en el número de funcionarios, el Estado ha hecho lo contrario. En España hemos pasado de 1,2 millones de funcionarios en 1990 a casi 2,6 millones en 2008, y quienes trabajan en el sector público no pueden emplearse a la vez en el privado. Esto significa una menor producción, más impuestos y un fuerte lobby que no para de absorber privilegios como el poder trabajar desde casa o recibir primas por no faltar al trabajo. En la economía privada, si no trabajas, te despiden. Los funcionarios son una casta privilegiada. ¿Cree que Gobierno y administraciones locales van a recortar cargos públicos arriesgándose a huelgas de todo tipo?
Todas las reacciones que ha tenido Zapatero para hacer frente al actual "problema de dificultades", esto es, crisis con atisbos de recesión, se han centrado en gastar más: más obra pública, más subsidios de desempleo, más funcionarios para crear cosas como el "observatorio de precios" y más subvenciones para los lobbies sociales y empresariales. Si el Gobierno ya está recaudando menos debido a la contracción económica y sigue gastando como un ludópata en un bingo, ¿de dónde sacará el dinero para su despilfarro? La respuesta es evidente: de nuestra cartera. Padeceremos una presión fiscal mayor y el peso de la deuda pública sobre el PIB crecerá, lo que significa que pagaremos aún más impuestos en el futuro.
Por definición, el Estado sólo sabe aplicar la fuerza. Es función de los medios de producción privados servir a la sociedad adaptándose constantemente a nosotros, independientemente de la situación económica en la que estemos. No lo hacen por amor, como dice el establishment socialista que hace el Gobierno, sino porque en ello les va su bienestar material.
Si el Gobierno se decida a llenar los bolsillos de las empresas con subvenciones y ayudas, éstas dejarán de esforzarse en crear empleo y servir al consumidor y al accionista. El principal benefactor de las empresas privadas será el Estado, no nosotros. Si de igual forma Zapatero considera, como ya ha hecho, que los subsidios de desempleo han de crecer, lo único que hará será premiar la baja productividad y el no trabajo. La sociedad y economía funcionan cuando se retroalimentan de forma natural y autónoma, no con transferencias de los actores económicos productivos hacia los no productivos. Esto sólo nos llevará a acentuar la crisis e invertir el proceso natural.
Entonces, si el bienestar material nos viene a través de los intereses de cada uno de los actores económicos que interactúan entre ellos demandando y ofreciendo productos y servicios, lo mejor será fomentar la empresarialidad y el esfuerzo personal. En este terreno, lo mejor que puede hacer el Gobierno es empezar a permitirles más libertad a la sociedad y al mercado para que cada uno use los mejores métodos de producción posibles para satisfacer al resto de la sociedad. Si el Gobierno actúa como un dictador de la producción controlando los medios de forma arbitraria por el simple hecho que no le gustan, como por ejemplo cuando se niega a que se emplee la energía nuclear, sólo conseguiremos menos innovación, menos bienestar y un mercado autárquico y cerrado a las necesidades reales del ciudadano.
Las crisis se deben a los falsos incentivos de los medios políticos, ya vengan de los bancos centrales –que crean ilusiones de crecimiento respaldadas por inflación– o del propio Estado. Los que han provocado esta situación sólo nos pueden ayudar disminuyendo sus funciones o desapareciendo de nuestras vidas. El número de funcionarios ha de disminuir drásticamente. Las subvenciones han de ser reducidas o incluso abolidas. Las leyes medioambientales no generan ningún beneficio que el mercado pueda valorar y nos acarrean un sinfín de costes, por lo que deben ser derogadas. Que elija el consumidor y no un burócrata en la Moncloa que vive de nuestro dinero. Y todo para que encima tampoco cumplamos nuestros compromisos ecológicos. Si lo que nos importa es nuestro bienestar material y no el de los burócratas, los impuestos han ser fáciles de recaudar y transparentes, lo que significa, en el corto plazo, crear un solo impuesto directo al consumo y bajo.
En fin, la mejor manera para superar la crisis es que el Estado se siga una estricta dieta y empiece a recortar sus funciones cediéndonoslas a nosotros, la sociedad civil.