Derecho a morir, licencia para matar

El ministro del currículo tuneado, o sea, el de Sanidad, Bernat Soria, acaba de anunciarnos que desea "universalizar los cuidados paliativos". Esta propuesta estaría muy bien y no despertaría sospecha de no venir de quién viene. Pues se da el caso de que la formulan los mismos que defendieron con potente artillería a quien hizo de un servicio de Urgencias una suerte de unidad de "paliativos" exprés y sin billete de vuelta. Y naturalmente viene también de quienes son confesos partidarios de una eutanasia que, en la práctica, suele abrir la puerta a la despedida prematura y final de viejos, enfermos graves e inútiles.

Vayamos por partes. ¿De qué manera se aplicarán esos cuidados que ahora descubren los socialistas? ¿Tal como se hace en los centros donde la sedación para pacientes terminales se administra solamente una vez que se ha hecho lo posible por salvarlos y donde pueden permanecer durante días antes del fallecimiento? ¿O más bien como se llevaba a cabo bajo la dirección del tristemente célebre anestesista? Ni que decir tiene que la primera de esas dos alternativas resulta más costosa. Puesto que el doctor aquel se ha convertido en la estrella emergente de la política sanitaria del PSOE, no es difícil suponer hacia qué lado se inclina la respuesta.

Montes, que tendría mucho que explicar, se dedica sin embargo a impartir doctrina sobre la eutanasia con la bendición del partido que decidió abrazarle. A él los paliativos le parecen prescindibles. Así lo explicaba meses atrás: "No hace falta que el enfermo haya pasado por una unidad de cuidados paliativos. Cualquier médico está preparado para tratar los síntomas del final de la vida." En fin, que va al grano, mientras que Soria y Zapatero dan un rodeo para alcanzar la meta. Aún habrá que suministrarle al personal unas dosis extra de opiáceos verbales para que acepte jubiloso su "derecho a morir", con o sin el referéndum que quiere convocar el ex coordinador de Urgencias.

En teoría, la eutanasia presupone la voluntad de morir expresamente formulada por el paciente. La experiencia holandesa muestra que ese derecho a decidir sobre la muerte de uno mismo acaba siendo usurpado por médicos o personal de enfermería y, en definitiva, por el sistema sanitario y el Estado que lo administra. Cuestiones morales aparte, los abusos son un hecho recurrente y constatado, y no restringido a las aberraciones nazis. Por la senda del "derecho a morir" se llega a poner en manos ajenas una licencia para matar. En posesión de gentes sin escrúpulos, esto puede llegar a usarse para librar de lastre a la sanidad pública y aligerar la carga de las pensiones. Todo muy digno.