Hace ya mucho tiempo que la realidad se encargó de echar por tierra el mito de que el PNV era un partido nacionalista moderado, y que sus integrantes eran convencidos demócratas dispuestos a dejarse la piel en defensa de la Constitución. Esta especie, repetida hasta la saciedad durante cerca de tres décadas, posibilitó a los nacionalistas sabinianos, oficialmente "buenos" y leales, emprender una gigantesca operación de transformación radical del País Vasco. Los resultados están a la vista. Nunca las Vascongadas se han parecido menos a España que ahora, precisamente porque nunca antes se había tomado en consideración la posibilidad de que los planes del nacionalismo "templado" iban tan en serio y sus paladines aspiraban a llevarlos a cabo hasta su última consecuencia.
Juan José Ibarretxe no es precisamente una lumbrera de la política, pero tiene claro el mapa de ruta que, en los albores de la Transición, trazó Xavier Arzallus para un País Vasco independiente y totalmente desligado del resto de España: en lo político, en lo económico y en lo sentimental. Lo primero y lo último sigue el rumbo prefijado sin más contratiempos que las quejas en saco roto de los populares vascos y algunas voces aisladas que están empezando a hacer una eficiente labor de zapa en el oasis nacionalista vasco. Lo segundo se resiste, y seguirá haciéndolo en un mundo globalizado donde la democracia del mercado prevalece sobre la soberbia y la sinrazón de la política y de los políticos.
En estas coordenadas se inscribe el referéndum convocado para el 25 de octubre a instancias de Ibarretxe. Que haya sido el propio lehendakari, es decir, el máximo representante del Estado Español en aquella región, el promotor de la consulta da fe de hasta qué punto España es un país anormal en el que los encargados de hacer cumplir la Ley incitan a violarla y no pasa nada. Porque, se ponga como se ponga el ministro de Justicia, lo único cierto aquí es que Ibarretxe sigue en sus trece y no tiene intención alguna de replantearse un plebiscito a todas luces ilegal. Escudado tras la habitual morralla dialéctica que suele acompañarle, y arguyendo estupideces antológicas como que los vascos son un pueblo con 7.000 años de historia a sus espaldas, el lehendakari va a por todas dispuesto a salirse con la suya cueste lo que cueste.
Ha llegado pues la hora de la verdad, el momento en el que la Ley se cumple o cae fulminada ante el órdago de un iluminado que se cree libertador de una raza oprimida. Después de treinta y tantos años de componendas, corrección política y vergüenza por el pasado, los representantes de la Nación española, de la cual forman parte los vascos desde hace varios siglos como miembros fundadores, tienen que hacer frente a este envite sin parangón en nuestra historia reciente. Es su obligación moral y un imperativo legal de primer orden.
Si el Gobierno quiere seguir siéndolo de todos y cada uno de los españoles, debe oponerse frontalmente al referéndum de 25 de octubre y tomar todas las medidas legales que sean necesarias incluyendo, claro está, la suspensión de la Autonomía dado el carácter sedicioso de la consulta. Y con él todos los individuos libres e iguales ante la Ley que conforman la Nación, cuya salud ha sido seriamente quebrantada por una parte del Estado que se ha rebelado contra ella.