La economía mexicana es, sin duda, anémica. Cinco lustros de muy bajo crecimiento económico por habitante, de bajas tasas de creación de empleos y de aumentos de los salarios reales, persistencia de altos índices de pobreza y de inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso muestran que la economía opera de manera muy ineficiente y que el entorno institucional en el cual se desenvuelven los individuos, las empresas y el Gobierno, no provee los incentivos eficientes y adecuados para un mejor desempeño de la economía.
Ahora, además de esa deficiencia estructural, la economía mexicana se enfrenta a un entorno internacional desfavorable, caracterizado por dos fenómenos, desaceleración en el crecimiento mundial, particularmente en Estados Unidos, y una nueva ola de aumentos de precios, particularmente en alimentos y petróleo. Ante esta situación, ¿qué tendría que estar haciendo el Gobierno para solventar esta etapa de desaceleración con inflación, y además corregir deficiencias estructurales? La respuesta no va por el lado de los subsidios ni los controles de precios. La respuesta correcta es modificar el sistema de incentivos para que premie la generación de riqueza y castigue la búsqueda de rentas.
Un primera acción que tomar es actuar rápidamente sobre la ineficiente regulación gubernamental. Las excesivas y pésimamente mal diseñadas regulaciones federales, estatales y municipales hacen que la economía mexicana opere con altísimos costos de transacción, generan una notable ineficiencia en la asignación de recursos, premian la búsqueda de rentas e incentivan la corrupción y desincentivan la inversión física y el cambio tecnológico. El Gobierno promete, una y otra vez, que ahora sí va a proceder a la desregulación, pero nada sucede.
Mientras esto no cambie, la economía seguirá atrofiada, y ya es tiempo de que el Gobierno deje de proteger a los monopolios gubernamentales (PEMEX, CFE y CLFC) y a los privados, tales como TELMEX, CEMEX, Maseca, Bimbo y otros. A los consumidores mexicanos nos cuesta un ojo de la cara enfrentarnos a las prácticas monopólicas amparadas por el poder político, que son las mismas que desincentivan el crecimiento económico y la creación de empleos.
En segundo lugar, urgen nuevas leyes laborales, mercantiles, tributarias y de educación. Las leyes que tenemos son obsoletas e ineficientes, por lo cual inhiben el crecimiento económico.
Tercero, se requiere una protección más eficiente de los derechos de propiedad. Por tanto, urge una profunda reforma del aparato de justicia, la persecución por oficio de la piratería y la reforma de los Registros Públicos de la Propiedad.
Si el Gobierno sigue actuando con timidez en estos temas fundamentales, la economía mexicana seguirá anémica.